Kutxabank da oxígeno a los Rubiralta en la recta final del juicio por el control de Celsa

En otras palabras, el banco vasco cree que la refinanciación de la deuda planteada no serviría para garantizar la sostenibilidad económica de la compañía a medio plazo. Con su declaración ante el juez, la entidad financiera se ha convertido en el único acreedor que da aire a los actuales accionistas.

Las últimas declaraciones

De este modo, los Rubiralta han recibido un balón de oxígeno este viernes en la última vista oral de un juicio tenso en el que los acreedores y varias consultoras han arremetido contra la gestión actual y han puesto en entredicho la solvencia del grupo acerero. Los sindicatos también salieron en defensa de la empresa ayer viernes en un comunicado en el que alertan de que los fondos no garantizan el empleo en las plantas de producción.

En esta última sesión -solo faltan las últimas conclusiones de la vista del próximo martes- han declarado los representantes tanto de Kutxabank como Deloitte. Esta última consultora elaboró un informe con la que BDO fue muy crítica en el cuarto día de juicio, ya que considera que infravalora la compañía: de hecho, la valoración de un grupo que debe unos 3.500 millones de euros resulta clave en esta batalla legal.

Una manifestación de la plantilla de Celsa contra los fondos acreedores EFE

La plantilla desconfía de los fondos

En su comunicado, las federaciones de industria de UGT y CCOO han mostrado su "preocupación" por el futuro del grupo siderúrgico Celsa, pues alertan de que los fondos acreedores, que pretenden hacerse con el control de la multinacional, no ofrecen "ninguna garantía" de que vayan a preservar los puestos de trabajo.

Los fondos acreedores han insistido en que su plan de reestructuración para la compañía siderúrgica no incluye "ni cierres de plantas ni deslocalizaciones". Sin embargo, las organizaciones sindicales avisan de que estos fondos "no tienen ni idea de quién tomará las riendas de la compañía si se quedan con ella".

10.000 empleos en juego

"Nos sentimos ninguneados por los fondos acreedores, que en todo este tiempo desde que solicitaron al juez homologar un plan de reestructuración de forma unilateral no nos han explicado absolutamente nada sobre cómo piensan garantizar los cerca de 10.000 puestos de trabajo del grupo", afirman estas dos organizaciones sindicales.

"No nos han proporcionado ninguna información ni han respondido a ninguna de nuestras preguntas, escudándose en que no podían", añaden. Para estos dos sindicatos, lo que garantizaría la continuidad de los puestos de trabajo es el rescate de 550 millones concedido por la SEPI a Celsa: una ayuda aprobada pero bloqueada, pues su desembolso está condicionado a que exista un acuerdo entre las partes.