Celsa considera que su futuro como empresa en funcionamiento estará en serio peligro si finalmente el juez de lo Mercantil da luz verde al plan de reestructuración presentado por un grupo de fondos tenedores de la deuda de la compañía.

La argumentación de la siderúrgica en la sesión de conclusiones del proceso que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona se basa en que la intención de los acreedores no es asegurar la viabilidad y solvencia de la empresa, que considera aseguradas, sino hacerse con su control a cambio de una contraprestación ampliamente insuficiente.

Sin programa industrial

El abogado Jaime Cano, representante legal del grupo controlado por la familia Rubiralta, ha señalado ante el magistrado que el plan presentado formalmente por los fondos el pasado mes de abril (aunque el proceso se inició el pasado septiembre, horas después de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal) carece de elementos fundamentales como un programa industrial, una valoración de los activos y un plan para asegurar los empleos.

La defensa de Celsa considera que la hoja de ruta propuesta por los fondos plantea una reducción y posterior ampliación de capital (conocida en el argot mercantil como ‘operación acordeón’) en la que "la propiedad estaría en manos de los actuales dueños pero sólo con carácter fiduciario, mientras que el consejo podría tomar decisiones críticas para cualquier activo de la empresa, lo que podría ocasionar el colapso en apenas unas semanas".

"Aquí se paga a todo el mundo"

La compañía ha insistido en varias oportunidades a lo largo del proceso en que su situación no justifica la presentación de un plan de reestructuración, dada su situación de solvencia; Cano ha ido incluso más lejos al asegurar que Celsa sería capaz en la actualidad de pagar en su totalidad el crédito 'Jumbo', valorado en unos 1.200 millones de euros,  "en un plazo razonable y si ello fuera necesario".

"No estamos ante un estado de insolvencia sino ante un litigio acerca de un préstamo convertible. Celsa está pagando a todo el mundo y hubiera sido capaz de pagar a los acreedores que han presentado el plan si hubieran atendido a nuestras solicitudes, relacionadas con el impacto de la pandemia".

Valoración insuficiente

La defensa de Celsa ha denunciado que la valoración de la compañía que hacen los fondos que presentan el plan está revisada a la baja, de forma consciente.

"La valoración encargada a Lazard, basada en el método del descuento de flujos de caja futuros, establece un montante de 6.200 millones de euros, casi el doble de la deuda total del grupo" (unos 3.300 millones), ha argumentado el representante legal, que a continuación ha destacado que "el plan prevé refinanciar unos 1.200 millones a cambio de que se entregue a los acreedores acciones que valen  más de 4.000 millones. Ése es el objetivo del plan".

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