El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, Álvaro Lobato, emitirá su decisión sobre el plan de reestructuración de Celsa "en los primeros diez días del mes de septiembre", una vez declarado el caso visto para sentencia tras la sesión de conclusiones que ha tenido lugar este martes en la Ciudad de la Justicia de la capital catalana.

El magistrado retrasa así la fecha de la resolución del asunto que determinará si el grupo siderúrgico sigue en manos de la familia Rubiralta o si, por el contrario, pasa a estar controlado por un grupo de acreedores, dado que se había comprometido a dictar sentencia a comienzos de agosto.

Caso complejo

Sin embargo, una vez que las partes han terminado de exponer sus alegatos finales, el juez ha admitido que necesitará algo más de tiempo dada la complejidad del caso y los múltiples argumentos que se han puesto encima de la mesa.

La sesión de conclusiones se ha extendido durante casi cinco horas, con un breve receso de unos 30 minutos, y ha contado con la intervención de los representantes legales de la propia compañía, de los acreedores que han presentado el plan de reestructuración (consistente en esencia en un proceso de capitalización de deuda) y de Kutxabank, como acreedor no firmante del acuerdo.

Sin jurisprudencia

El magistrado ha pronunciado las últimas palabras de la vista, en las que ha elogiado el trabajo realizado por todas las partes y la riqueza de los argumentos que han presentado, así como el trabajo llevado a cabo por el personal del juzgado que preside. Se trata de uno de los primeros casos en los que cabe aplicar la nueva Ley Concursal, que contempla como una de sus principales novedades la figura del plan de reestructuración.

Un año de proceso

Fuentes jurídicas consultadas señalan que la ausencia de jurisprudencia en este tipo de casos, además de la complejidad de la particular situación de Celsa, hace más complicada la decisión del magistrado. De esta forma, si finalmente el juez Lobato cumple el nuevo plazo, el proceso se habrá extendido durante prácticamente un año completo, dado que la solicitud preliminar del plan se presentó a finales de septiembre de 2022, apenas unas horas después de la entrada en vigor de la normativa con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Noticias relacionadas