La jueza culpa a Iqoxe de la explosión mortal por fallos de seguridad

La jueza que investiga la explosión en la empresa química Iqoxe de Tarragona, que el 14 de enero de 2020 causó tres muertos, ha dejado a un paso de juicio a la compañía y a tres de sus directivos, al concluir que el accidente se debió a las "deficientes condiciones" de la fábrica porque "priorizó" la rentabilidad sobre la seguridad.

En su auto, de 80 páginas, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona da por cerrada la investigación, apuntando que la explosión fue fruto de una "política empresarial de aumento de la producción y reducción de costes", hecho que derivó en una falta de condiciones de seguridad laboral e industrial y una plantilla insuficiente para trabajar con medidas de seguridad.

El accidente ocurrió al explotar un reactor de la planta, lo que provocó la muerte de dos trabajadores y de un vecino de Tarragona alcanzado por uno de los fragmentos que salió despedido a cientos de metros de distancia, además de heridas a otras 13 personas.

Plantilla bajo presión y sin medidas de seguridad

La magistrada recuerda que se trata del accidente químico más grave ocurrido en Europa, y que conllevó un grave riesgo para la población por la "peligrosidad" de las sustancias almacenadas y por el posible "efecto dominó" si hubiera explotado además el depósito de óxido de propileno de la planta. También señala que los planes de emergencias no funcionaron por la "descoordinación" de las administraciones.

El auto da diez días a las acusaciones para que presenten sus escritos contra los imputados: la empresa como persona jurídica, el CEO de la fábrica, su número dos y el responsable de seguridad. Les atribuye delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones, contra los derechos de los trabajadores y estragos.

La jueza responsabiliza del accidente a la nueva dirección de Iqoxe, tras la compra de la planta en 2014, por haber llevado a cabo una "política empresarial que llevaba a realizar una actividad de alto riesgo sin las debidas condiciones de seguridad". En este sentido, entre 2016 y 2019 la producción aumentó un 39,2 % y las ventas, un 62 %.

"Deficiente mantenimiento"

Según la magistrada, ese aumento de la producción y la reducción de costes implicó un "deficiente mantenimiento de las instalaciones", con lo que la actividad se llevó a cabo "sin las debidas condiciones de seguridad laboral e industrial exigibles a este tipo de empresas químicas y con un insuficiente número de trabajadores para realizar el proceso productivo con las debidas garantías".

El auto explica que los empleados habían "expresado reiteradamente su preocupación por la seguridad" de la fábrica, lo cual, unido a los "recortes" de plantilla, les obligaba a trabajar "bajo una gran presión y estrés laboral", situación que se agravó en 2019 con el despido de seis empleados y derivó en un "clima de conflictividad laboral".

Presión laboral, exceso de trabajo y falta de limpieza

Los propios empleados, añade el auto, dieron cuenta en el juzgado de esa situación de "presión en el trabajo por exceso de tareas, de detrimento de la seguridad, de falta de limpieza de las plantas, de realización de funciones que no eran propias del puesto de trabajo que ocupaban en un porcentaje aproximado de un 50% de jornada".

La jueza también apunta que la plantilla no tenía formación específica en riesgos laborales para trabajar en la empresa, que los equipos de protección individual no eran los adecuados y que la limpieza de la planta era insuficiente debido al "ritmo de trabajo tan acelerado", sin paradas, hecho que provocaba averías y fugas de las bombas.

Descoordinación de las administraciones

El auto de la magistrada también habla de fallos en el sistema de alarmas visuales y sonoras. Dos meses antes del accidente, se silenciaron porque hacían ruido, lo cual provocaba un riesgo al no haber ningún empleado que vigilara de forma continua el panel de control para activar una "reacción inmediata ante cualquier incidente".

Por otra parte, la gestión del accidente incrementó el riesgo derivado de la explosión, ya que Iqoxe no informó debidamente de la misma y "por la descoordinación y deficiencias" en el cumplimiento del Plan de Emergencia Exterior (PLASEQTA) por parte de "las administraciones y entidades encargadas de ejecutarlo".

La jueza cita el informe de los bomberos de la Generalitat, que apunta a que habían aconsejado un confinamiento preventivo, que "no se activó ninguna alarma y que se emitieron tuits confusos promoviendo el confinamiento".

Población en peligro

"No hubo convocatoria del Gabinete de Crisis, ni de Comité Técnico ni del Gabinete de Información por parte de Protección Civil. En el edificio 112 se improvisó un Gabinete de Crisis y un Gabinete de Información que resultó desastroso", señala la jueza citando el informe de los bomberos.

Según su escrito, el accidente mortal supuso además un peligro para la población en general debido a la cantidad de óxido de propileno que había en el tanque de la planta. En este sentido, la magistrada recuerda el trágico accidente ocurrido en un cámping de Alfacs (Tarragona) en 1978, destruido cuando un camión cisterna con 23,5 toneladas de ese producto "arrasó un radio de 100 metros. El efecto dominó estuvo presente en todo momento", destaca.