Ferrovial recurrirá a Bruselas si ve acoso fiscal por el Gobierno

El último episodio de la tormentosa relación entre Moncloa y Ferrovial ha tenido como protagonista un cruce de misivas iniciado por la primera, que realizó por escrito un último intento para convencer a la empresa de que dejara aparcada la mudanza dado que sus planes de cotizar en Wall Street se podrían llevar a cabo sin necesidad de mover la sede de Madrid.

Operaciones bienvenidas

La respuesta de Ferrovial, en la que rechazaba los argumentos gubernamentales y recordaba que la decisión está en manos de los socios, ha tenido reflejo en las informaciones que hablan sobre una posible actuación de la Agencia Tributaria sobre la compañía controlada por la familia Del Pino, al entender que uno de los principales motivos del traslado es de índole fiscal.

En este contexto, Ferrovial ya se prepara para librar una posible batalla y para ello no dudará en recurrir, además de los tribunales, a los diferentes estamentos comunitarios, y más concretamente a la Comisión Europea, en la que decisiones empresariales de este tipo son especialmente bienvenidas. 

Ventajas en entredicho

Un elemento en torno de al que se articula la polémica sobre el cambio de sede es la posibilidad de que Ferrovial no pueda disfrutar de determinadas ventajas fiscales vinculadas a una operación de fusión; y también, acerca de los créditos fiscales de los que se ha beneficiado hasta ahora la sociedad matriz del grupo de infraestructuras. 

En el primero de los casos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que si los motivos de una fusión no son estrictamente económicos, la Ley contempla la posibilidad de dejar sin efecto determinados beneficios fiscales. 

Cabe recordar que Ferrovial prevé articular el traslado de la sede social a través de una fusión transfronteriza entre su matriz y la mercantil que agrupa los activos internacionales de la compañía, que ya está domiciliada en Países Bajos bajo el formato de Sociedad Europea.

En el seno de la Unión, los movimientos societarios entre países miembros y las fusiones transfronterizas suelen ser valoradas de forma muy positiva dado que, a ojos de las autoridades, suponen un refuerzo de las bases de mercado único que establecen los diversos Tratados firmados en las últimas décadas.

Política del BCE

Incluso, hasta el punto de que tanto Bruselas como el Banco Central Europeo (BCE) no sólo han alentado sino que han fomentado y recomendado fusiones transfronterizas de entidades financieras, en busca de un sector menos atomizados y de bancos de mayor tamaño, con el objetivo de que estén mejor preparados y con su capital más reforzado para afrontar eventuales crisis. 

En este caso, el hecho de que el proceso de unión bancaria esté pendiente de concretar ha supuesto un obstáculo insalvable para que las posibles operaciones hayan podido salir adelante, como era el deseo tanto de los reguladores como de la Comisión.

En puertas de la Presidencia española

En cualquier caso, Ferrovial cuenta con la baza comunitaria en el caso de que finalmente pueda poner en marcha los trámites para el traslado de la sede social, ante la posibilidad de que el Gobierno no haya dicho aún la última palabra en este caso. 

Precisamente, la imagen del Ejecutivo español en la UE a raíz de la decisión de Ferrovial queda tocada, algo que inquieta especialmente al Consejo de Ministros, sobre todo cuando restan poco más de dos meses y medio para que arranque la Presidencia española, que se extenderá durante el segundo semestre de 2023.

Condiciones

No se trata de la mejor carta de presentación y, a tal efecto, el Gobierno quiere evitar que la medida se lleve definitivamente a efecto. Cabe recordar que la aprobación del traslado, que se da prácticamente por hecha dado el porcentaje de control que mantiene la familia Del Pino e inversores institucionales que están a favor de la maniobra, no conduce de inmediato a iniciar el proceso.

Como anunció en su día Ferrovial, el acuerdo quedará revocado si a la hora de compensar a los socios que decidan ejercer su derecho a separarse de la compañía el montante se va por encima de los 500 millones de euros.

Para ello, un 2,56% del capital debería hacer uso de esta potestad para que el traslado quedara suspendido. Votar en contra de la decisión no implica necesariamente ejercer este derecho, lo que significa que hasta dentro de un mes (el plazo del que disponen los accionistas para tomar una decisión al respecto) no se conocerá si finalmente Ferrovial tiene la puerta abierta para la polémica mudanza. Hasta entonces, se avecinan más batallas en esta peculiar e inédita guerra.