Jaume Roures, socio gestor de Mediapro, en una comparecencia anterior / EFE

Jaume Roures, socio gestor de Mediapro, en una comparecencia anterior / EFE

Business

EEUU declara culpables a un directivo y una empresa por sobornos que salpican a Mediapro

La justicia les halla responsables de pagar 'mordidas' y ahora se enfrentan a "multas millonarias" y "hasta 40 años de cárcel"

10 marzo, 2023 09:21

Un jurado de Estados Unidos ha declarado culpables a un exdirectivo del sector audiovisual y a una empresa de marketing deportivo por pagar sobornos al por mayor que también salpican a Mediapro. La sala del distrito este de Nueva York,el de Brooklyn, ha hallado responsables de pagar las mordidas al exejecutivo de Fox Hernán López y a la empresa argentina Full Play. Ahora se enfrentan a "multas millonarias" y a penas de "hasta 40 años de cárcel". 

El veredicto, al que ha accedido este medio, lo ha anunciado Breon Peace, fiscal del distrito este de Nueva York, que ha celebrado que la decisión del jurado "es una victoria para los aficionados al fútbol en todo el mundo". El representante del ministerio público ha lamentado que los condenados "antepusieron su avaricia por encima de los intereses del deporte". Ello provocó "corrupción en los escalafones más elevados" del fútbol mundial, algo que "la justicia y el sistema financiero de EEUU están comprometidos a erradicar". 

El Tesoro: "Pasó ante nuestros ojos"

A su vez, un representante del Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), el brazo ejecutor del Tesoro de Estados Unidos, ha dado detalles de cómo se organizó la estructura criminal, en la que está imputado Gerard Romy, cofundador de Mediapro con Jaume Roures y Tatxo Benet. "Los acusados ocultaron sus actos por medio de testaferros, cuentas offshore y una apariencia de respetabilidad", ha criticado. 

El despacho de Gerard Romy en Barcelona, expresidente de Imagina-Mediapro salpicado por el 'caso sobornos' / CG

El despacho de Gerard Romy en Barcelona, expresidente de Imagina-Mediapro salpicado por el 'caso sobornos' / CG

Ello "pasó ante los mismos ojos" de los fans del fútbol de todo el mundo mientras éstos seguían partidos de la Fifa, Copa Libertadores o la Concafaf, cuyos derechos compraron ilegalmente los condenados por medio de "mordidas y sobornos". 

Fox y Full Play, socios del grupo español

Esa, cree acreditado el jurado, fue la operativa: los enjuiciados compraron a altos cargos de federaciones deportivas suramericanas por medio de pagos vía paraísos fiscales para hacerse con los derechos de partidos de fútbol a jugosos precios. Es, de hecho, la tesis de la Fiscalía, que en sus conclusiones les acusó de "alterar el mercado", como explicó este medio

¿Quién son los condenados? Hernán López, un ex alto ejecutivo del canal estadounidense Fox y que era el encargado del crecimiento del grupo audiovisual en Suramérica. Y Full Play, una firma de gestión de marketing deportivo con sede en Buenos Aires (Argentina) que pilotan los también exdirectivos Hugo Jinkis and Mariano Jinkis. Cabe destacar que esta firma fue aliada de Mediapro en la región. 

Romy, imputado

La decisión judicia tomada en Estados Unidos es relevante porque entre los investigados en el procedimiento figura Gerard Romy, cofundador del grupo audiovisual catalán y que ya ha salido del holding. Eso sí, durante la instrucción del procedimiento, la Fiscalía le consideró fugado. La causa emana de un duro escrito del ministerio fiscal emitido en 2020 que afloró lo que la acusación cree que fue una "organización corrupta" que compró derechos audiovisuales por medio de sobornos al por mayor en Suramérica. 

El escrito reactivó una causa anterior de corrupción en el fútbol mundial que se había ido cerrando por capítulos. En 2018, Mediapro pagó una multa de 21 millones de euros al cambio, despidió a empleados de Estados Unidos e incorporó un sistema de compliance como paso para cerrar ese primer procedimiento. No fue suficiente: Fiscalía reabrió el caso en 2020 convencida de que los investigados no actuaron individualmente, sino que obraron en forma de organización criminal coordinada, por lo que había nuevos delitos que juzgar. Por ello, pidió que se les aplicara la Rico Act, la ley estadounidense antimafia. 

Mediapro se desmarca del caso

Esa estrategia implacable de la Fiscalía ha dado frutos. Además del directivo y la empresa condenados hoy, la acusación ha logrado hasta ahora la imputación de 50 personas y mercantiles de unos 20 países. 30 de ellos se han declarado culpables y otras tres personas y una empresa --la propia Full Play-- han sido condenados en el estrado. Ello prueba que los pagos ilegales existieron. 

El edificio Imagina de Mediapro / CG

El edificio Imagina de Mediapro / CG

Eso sí, Mediapro se desmarca del procedimiento, como recogió Crónica Global, alegando que ningún directivo ni empresa del grupo figuran en el mismo y que lo cerró en 2018 con su acuerdo de culpabilidad, que admitía el pago de un solo soborno. Pero en efecto, su cofundador está imputado y de los acuerdos de culpabilidad citados por la Fiscalía, uno de ellos corresponde a US Imagina, la filial de la cabecera de la firma en Estados Unidos. 

La cuestión de los paraísos fiscales

Esa admisión de culpa de Mediapro en 2018 no cierra el caso. Al menos a nivel político, toda vez que ese pacto admite que el grupo pagó un soborno por medio de Medialuso, su filial portuguesa, y por la vía de Panamá, a quien la Unión Europea considera un paraíso fiscal. El uso de territorios fiscalmente ventajosos  choca frontalmente con algunos negocios actuales del conglomerado. Concretamente en uno: los que tiene la firma de Jaume Roures con el Ayuntamiento de Barcelona, que preside Ada Colau

El gobierno municipal de Colau se comprometió en 2016 a no "tener vínculos jurídicos" con empresas que utilizaran paraísos fiscales. Lo puso negro sobre blanco el Ejecutivo local en este decreto de alcaldía. Pues bien, pese a esa norma y al hecho de que Mediapro ha admitido al menos un soborno por medio de un enclave offshore, las dos partes han iniciado proyectos conjuntos. Son dos: una promoción de vivienda social en el distrito 22@ de la Ciudad Condal y la compra del antiguo Gimnasio Sant Pau para reabrirlo y construir, también, pisos de alquiler social. Éstos, como detalló este medio, se adjudicaron sin concurso. 

Aviso aclaratorio: Esta información ha recibido una solicitud de rectificación de Mediapro.