Las flotas históricas de VTC convocan tres marchas lentas en Barcelona

Nueva movilización de las flotas tradicionales de VTC --siglas de vehículo de transporte con conductor-- tras la entrada en vigor de la normativa catalana que sustituye al decreto Ábalos. La asociación VTC Gran Turismo de Cataluña ha convocado al colectivo de los taxis de lujo que históricamente prestaban este servicio en el área metropolitana de Barcelona a tres marchas lentas los próximos 6, 7 y 8 de febrero.

En un comunicado, la entidad hace pública la "urgente necesidad de solucionar la grave situación de empresas y autónomos que, por desidia, errores administrativos y una regulación mal aplicada tienen nbloqueada la actividad económica desde el pasado 1 de enero".

Requisitos draconianos

La asociación, constituida recientemente para reunir a las VTC históricas de la Ciudad Condal y que representa a unas 600 licencias, ya se manifestó el pasado 17 de enero en protesta por las limitaciones legales impuestas al sector. Estas movilizaciones han coincidido con las protestas del taxi en la calle, lideradas por Élite Taxi.

Desde principios de año, la nueva regulación autonómica obliga a las flotas a cumplir unos requisitos draconianos para seguir circulando por Barcelona que no se exigen al taxi. Entre otros, contar con un periodo mínimo de actividad anterior y poseer vehículos con una longitud mínima de 4,9 metros y certificado de emisiones ECO o 0.

El decreto, a los tribunales

Estas condiciones han puesto contra las cuerdas a muchos empresarios, la mayoría de ellos pymes, que no han logrado renovar sus licencias ante el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), el organismo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que regula este servicio. A esto se han sumado errores administrativos reconocidos por la propia Consejería de Territorio, que debía remitir los expedientes al AMB.

El sector alerta de que esta coyuntura derivará en numerosos contenciosos --algunos de los cuales ya se han interpuesto ante los tribunales-- tanto por la no autorización de actividad como por el daño patrimonial ocasionado a los adjudicatarios.