El 52,6% de los catalanes ya está bajo las restricciones ambientales de movilidad

La llegada de 2023 marca, entre otros aspectos, la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que afecta directamente, en términos de movilidad, a algo más de la mitad de la población de Cataluña. Se trata de los casi 4,1 millones de ciudadanos que habitan en los municipios de más de 50.000 habitantes del territorio, aquellos que deben tener listas zonas que limiten la entrada y salida de vehículos según su etiquetado medioambiental.

El precepto legislativo afecta en concreto a 22 ciudades de las cuatro provincias catalanas; en número, apenas representan un 2% del total de municipios de la comunidad autónoma pero, en cambio, concentran el 52,6% de los habitantes del territorio.

Normativa comunitaria

Cabe añadir a esta circunstancia que entre las localidades afectadas se encuentran las cuatro capitales de provincia, adonde acuden a trabajar a diario multitud de ciudadanos procedentes de municipios que no están afectados por la normativa, aunque aquéllos sí se verán impactados de forma indirecta si acuden con su vehículo particular y deben acceder a las denominadas zonas de bajas emisiones (ZBE).

Antes de la entrada en vigor de la normativa, grandes ciudades españolas como Barcelona y Madrid han puesto en marcha estas restricciones de carácter medioambiental, no sin mucho ruido y numerosos pleitos judiciales ante un nuevo escenario que viene marcado, además de por la estrategia del Gobierno, por la normativa de la Unión Europea en materia de descarbonización y lucha contra el cambio climático.

Sanciones de Bruselas

De hecho, tanto la Ciudad Condal como la capital de España han sido sancionadas recientemente por la Comisión Europea a cuenta de la calidad del aire por el incumplimiento de los parámetros mínimos fijados por el Ejecutivo comunitario.

En el caso de Cataluña, una gran parte de los municipios que deberán limitar el acceso de los vehículos que no tengan las etiquetas 0 o ECO se encuentran en la provincia de Barcelona. 

22 municipios

De hecho, tan sólo cuatro están fuera de esta demarcación: las otras tres capitales de provincia (Tarragona, Lleida y Girona) y la localidad tarraconense de Reus. En la provincia que alberga la capital de la comunidad autónoma, los municipios de menor población que deberán cumplir con el precepto son Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Viladecans y Castelldefels, todos ellos con poblaciones de entre 50.000 y 70.000 habitantes. 

En del resto de las comunidades autónomas con mayor volumen de población el escenario es similar, con un porcentaje de ciudadanos directamente afectados que supera en la mayoría de los casos el 50%. 

Además de mejorar la calidad del aire y los estándares medioambientales de los grandes núcleos de población, la medida también pretende estimular el uso del transporte público para desplazarse en el interior de los municipios que deben cumplir con el precepto normativo.

Otra de las derivadas es el incentivo para la adquisición de vehículos alternativos a los que utilizan motores de combustión, en sus distintas modalidades, ya sean 100% eléctricos, híbridos convencionales, híbridos enchufables o que empleen combustibles bajos en emisiones como los gases licuados.

Más ventas de motores alternativos

Precisamente este lunes se daban a conocer las estadísticas de matriculaciones de vehículos en el ejercicio 2022, que reflejan ya el dominio del conjunto de las modalidades alternativas a los motores gasolina o diésel. 

Según las cifras publicadas por las patronales Faconauto, Ganvam y Anfac, cerca del 49% de los vehículos matriculados en la provincia de Barcelona durante el pasado año pertenecen a este grupo. 

Tendencia al alza

La tendencia es similar en el resto de provincias catalanas, salvo en el caso de Tarragona, donde la mayor cuota ha seguido en manos de los motores de gasolina, con algo más del 48% del total.

En 2022 se matricularon en Cataluña 48.077 vehículos con motores alternativos, el 47,3% del total, casi cinco puntos por encima del dato correspondiente a los vehículos de gasolina (42,6%).