Abertis esquiva la nacionalización de sus peajes en Argentina

Las actuaciones del Gobierno argentino, controlado en la sombra por la expresidenta Cristina Kirchner, parten de una denuncia pública que llevó a cabo contra el acuerdo alcanzado hace cuatro años entre las empresas y el Ejecutivo del país sudamericano, encabezado entonces por Mauricio Macri, para extender los contratos de concesión hasta el año 2030.

El actual Gobierno considera que esta maniobra ha causado un quebranto a las arcas públicas, dado que le supone asumir una deuda aproximada de 800 millones de dólares estadounidenses y, además, un incremento de entre 10 y 20 veces de las tarifas para los usuarios, con el fin de hacer frente a esta cantidad. 

Hace unos días, el gabinete de Fernández anunció que la Dirección Nacional de Vialidad interpondría un procedimiento contencioso-administrativo contra las concesionarias con el fin de declarar nulo el acuerdo por el que se extendieron los contratos. 

Medidas cautelares

La demanda iría acompañada de una petición de medidas cautelares en favor de que el Gobierno argentino asumiera el control de las concesiones con efecto inmediato en tanto se resolviera el pleito, dado que la resolución podría extenderse durante varios años. 

Ante esta circunstancia, Ausol y GCO han iniciado un procedimiento en la Cámara de Comercio Internacional dado que es el organismo establecido para la resolución de cualquier controversia entre las partes que pudiera darse a lo largo de la concesión, según se refleja en la renovación de los contratos acordada con el Gobierno Macri. 

El presidente de Argentina, Mauricio Macri / EE

La respuesta del organismo internacional de arbitraje no se ha hecho esperar. La orden dictada en las últimas horas impide al Ejecutivo argentino “iniciar, solicitar o impulsar, por sí o a través de la Dirección Nacional de Vialidad o de cualquiera de sus órganos u organismos dependientes, cualquier acción o demanda de nulidad o lesividad, o medida cautelar accesoria de dicha acción judicial ante los tribunales argentinos, en relación con el Contrato de Concesión, el Acuerdo Integral, su cláusula arbitral o el decreto aprobatorio del Acuerdo Integral, debiendo en su caso formular sus pretensiones con arreglo a la cláusula arbitral del Contrato de Concesión”.

Según se recoge en un hecho relevante remitido por ambas sociedades concesionarias a la Comisión Nacional de Valores del país (el supervisor de los mercados, equivalente a la CNMV española) la orden dictada por la CCI también afectaría a cualquier actuación en la que el Gobierno de Alberto Fernández hubiera realizado ya algún trámite anterior a la decisión de la Corte de Arbitraje.

La deuda pendiente

En tal caso, deberá desistir de esta estrategia e implementar todas las medidas necesarias para dejar sin efecto las actuaciones que hubiera podido llevar a cabo para iniciar la anulación o suspensión de los contratos de concesión. 

Además, en los citados hechos relevantes se detalla que las concesionarias, en las que las filiales de Abertis están acompañadas de otros socios internacionales, han ampliado la demanda a la Corte de Arbitraje para reclamar las cantidades que le adeuda el Gobierno liderado por Fernández desde finales de 2021, cuyo montante no especifica.

Investigado

El Ejecutivo argentino investiga desde hace tiempo la prolongación de los contratos de concesiones de las dos autopistas de peaje, que constituyen los dos principales accesos por carretera a la ciudad de Buenos Aires, la capital del país. 

El proceso se inició ante las sospechas por parte del Ejecutivo kirchnerista de que se trate de un caso de corrupción ante la presunta existencia de intereses económicos particulares del expresidente Macri.

Una negociación de 16 años 

Tanto el entorno de las concesionarias como miembros del gabinete del empresario y anterior mandatario defienden que los acuerdos para la extensión de los contratos de concesión culminaron un largo proceso de negociaciones que se extendía desde 2002 e implica de manera transversal a varios gobiernos así como directivos de las compañías. 

Producto de esas negociaciones, en 2018 se firmaron los contratos en los que se incluyó el establecimiento de la CCI como órgano encargado de dirimir las posibles controversias entre las partes, por lo que deberá ser ante el que el Gobierno argentino presente sus demandas para que el acuerdo quede anulado y las concesiones sean revertidas a la nación.