La gran empresa y el Gobierno intensifican su choque a un año del fin de la legislatura

Lejos de reducirse a un mero intercambio de mensajes, la situación inquieta en ambas partes, dado que el propio Ejecutivo ha admitido que los próximos trimestres serán complicados desde el punto de vista económico y toda colaboración va a ser poca para salir de un escenario condicionado por una inflación desbocada, previsiones de recesión y tipos de interés al alza que encarecen las financiaciones. 

Galán y los tribunales

La temporada de resultados, en las que afloran las comparecencia de altos ejecutivos de las empresas del Ibex 35, bien ante la prensa, bien ante los analistas, ha generado no pocas manifestaciones contra las últimas decisiones de Moncloa en materia económica, especialmente en lo que se refiere al ámbito fiscal. 

Uno de los más beligerantes fue el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que cargó duramente contra el impuesto en el que trabaja el Gobierno para gravar parte de los beneficios extraordinarios que considera que está registrando el sector energético como consecuencia de los elevados precios del mercado. 

Galán abrió la puerta nada menos que a llevar al Gobierno a los tribunales; durante la conferencia con analistas en el marco de la presentación de resultados de Iberdrola hasta septiembre, el ejecutivo hizo hincapié en que las cifras exhibidas por la compañía, que van camino de marcar registros históricos, se han logrado pese a la exposición al mercado español, que ha supuesto un lastre para las cuentas de la energética.

Iberdrola destacó en diversos documentos sobre los resultados remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que España es el único de los principales mercados de la eléctrica en el que los beneficios se sitúan por debajo de los obtenidos doce meses antes, lo que atribuye tanto a una situación adversa del mercado como a factores regulatorios.

Dardos del sector financiero

Determinados analistas detectaron en las palabras del presidente de Iberdrola una velada amenaza de redistribuir las inversiones previstas por la compañía en favor de mercados como EEUU y Brasil en detrimento de España. En este sentido, no se descartan sorpresas en la presentación del plan estratégico revisado que la compañía realizará el próximo 9 de noviembre.

Desde el ámbito financiero también han arreciado las críticas contra el Gobierno a raíz del nuevo impuesto al sector, que está siendo analizado por el Banco Central Europeo. Las entidades financieras confían en que el emisor obligue al Ejecutivo a introducir modificaciones en la Ley que articulará este tributo y que elimine el veto a trasladar los costes a los clientes, algo que precisamente avala el propio regulador.

César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, en una de sus comparecencias ante los medios / BANCO SABADELL

En este sentido, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, señaló que el nuevo impuesto viene a agravar la situación en la que se encuentra la banca desde el punto de vista fiscal, ya que soporta una mayor presión que el resto de sectores. 

El ejecutivo calificó de “anormalidad” que la entidad que dirige pague una cifra de impuestos superior a la de sus beneficios y consideró que el tributo de nuevo cuño también debería aplicarse a las entidades extranjeras que operan en España, en aras de la neutralidad fiscal.

Discrepancia hipotecaria 

Al debate, derivado de unos beneficios extraordinarios que la banca no considera tales, se ha sumado el de las negociaciones con el Gobierno para articular soluciones con vistas a proteger a los colectivos más vulnerables del notable incremento del coste hipotecario derivado de las alzas en los tipos de interés. 

A resultas de las críticas vertidas por el Gobierno a las propuestas de las patronales bancarias, especialmente a cargo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el consejero delegado de Santander, José Antonio Alvarez, manifestó que “en esta cuestión da la sensación de que no vamos todos en el mismo barco”.

Compromiso sin correspondencia

La referencia fue la doctrina del banco, compartida por el resto de entidades, de que su interés primordial pasa por que sus clientes puedan hacer frente a los pagos y que no dudarán en ayudarles para tal fin. 

El episodio de las hipotecas es el último de una larga lista de desencuentros con un sector que considera que ha estado al lado del Gobierno cuando éste le ha necesitado, especialmente en los peores tiempos de la pandemia y que, sin embargo, no se ha visto posteriormente correspondido. 

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE / EP

Durante los últimos meses ha crecido el malestar en círculos empresariales por el hecho de que el Gobierno no ha contado con ellos a la hora de tomar decisiones de gran calado en ámbitos que les afectan, ni siquiera a modo de consulta.

Tampoco han pasado desapercibidos los ataques velados del presidente, Pedro Sánchez, a determinadas fuerzas empresariales a las que ha llegado a acusar de conspirar contra el Ejecutivo para favorecer la llegada de otro de distinto signo. Una radicalización que los empresarios atribuyen a la cercanía de las elecciones y un intento por parte de Sánchez de recuperar parte del electorado que las encuestas aseguran que ha perdido.

La postura de CEOE

En esta línea, incluso el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también ha crispado un tanto sus mensajes dirigidos al Gobierno, con el que ya no parece tener la misma complicidad que al inicio de la legislatura y durante la pandemia, cuando fue incluso acusado de excesiva condescendencia en el seno de la patronal.

Bien es cierto que Garamendi se enfrenta a su propia reelección como líder de la organización y su postura se ha podido ver condicionada por esta circunstancia. Sea como fuere, se avecinan meses complicados en el panorama económico y el clima de tensión entre empresarios y Gobierno no es la mejor de las fórmulas para abordarlos.