El Gobierno adelanta el impuesto a las grandes fortunas para cortar su retirada

La medida, que se da por hecho aunque no ha sido formalmente anunciada por el Ministerio de Hacienda, tiene por cometido apuntalar los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, que actualmente se encuentran en el trámite parlamentario.

Aluvión de consultas

Sin embargo, como segunda derivada, la maniobra también persigue cortar el movimiento de retirada que los propietarios de grandes fortunas comenzaban a planificar, dado que el plan inicial era dar luz verde al impuesto para que fuera efectivo a partir de 2023. 

Desde el anuncio de este nuevo tributo, que pretende elevar la recaudación que ya se percibe por el Impuesto sobre el Patrimonio y, además, anular el efecto de las bonificaciones que se aplican en algunas comunidades autónomas (principalmente Madrid y también Andalucía), las consultas a despachos fiscalistas se habían multiplicado, con los potenciales afectados en la búsqueda de fórmulas para paliar el impacto negativo de esta medida.

El guante de la Airef 

De este modo, el Gobierno recoge el guante lanzado este martes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que consideró que la nueva figura tributaria debería comenzar a aplicarse con efectos del ejercicio 2022 para que la recaudación extra ya quedara reflejada en las cuentas del próximo año. 

En su momento, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el impuesto se aplicaría en principio durante dos años (esto es, 2023 y 2024) y que posteriormente quedaba abierta la posibilidad de mantenerlo a discreción del gabinete que por entonces esté al frente del Ejecutivo del país. 

En las últimas semanas, las discrepancias entre Moncloa y el organismo fiscal independiente ha sido frecuentes, a raíz de los informes de la Airef sobre el proyecto de Ley de Presupuestos y también de las previsiones sobre la evolución de la economía española en este año y el siguiente. 

Estas fricciones se han extendido incluso a este mismo miércoles, cuando la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha mostrado su discrepancia con la estimación realizada por la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, acerca de una posible entrada de España en recesión técnica (la concatenación de dos trimestres con crecimiento negativo).

Como enmienda

Con esta modificación, que podría introducirse en forma de enmienda a la ley que gravará los beneficios de las empresas financieras y energéticas, los años de vigencia del llamado ‘impuesto de solidaridad’ pasarían a ser 2022 y 2023, lo que dejaría sin margen a aquellos grandes patrimonios que quisieran esquivar su efecto al menos durante el primer año.   

El nuevo impuesto sobre grandes fortunas gravará la riqueza neta superior a los tres millones euros, con tres tramos: 1,7% a patrimonios entre 3 y 5 millones; 2,1% a patrimonios de entre 5 y 10 millones, y un 3,5% a partir de 10 millones.

Portugal, Andorra y Países Bajos

Una de las alternativas que está encima de la mesa de los grandes patrimonios es el traslado a otros Estados miembros de la Unión Europea, que presentan una atractiva fiscalidad, como es el caso de Portugal o Países Bajos; también Andorra aparece como una opción.

En este sentido, el embajador luso en España, Joao Mira-Gomes, explicó la pasada semana que su país lleva tiempo desarrollando una estrategia para atraer riqueza y talento y que, aunque no es único, uno de los elementos con los que cuenta para ejecutarla es el fiscal.