La mitad del capital de Caixabank estará en manos de la Fundación y el Estado

A través de esta maniobra, que se anunció a mediados del pasado mayo, junto con el plan estratégico a tres años del banco, Caixabank se hará con aproximadamente el 7% de las acciones; una autocartera que posteriormente procederá a amortizar para, de esta forma, completar la remuneración a los accionistas. 

Tras ejecutar por completo el plan, para el que está previsto destinar un importe máximo de 1.800 millones de euros que está a punto de alcanzarse, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri se habrá hecho con unos 555 millones de títulos aproximadamente, que dejarán de estar en circulación una vez que Caixabank reduzca en este volumen el capital que quedó fijado a finales del primer trimestre de 2021 con el cierre desde el punto de vista mercantil de la fusión con Bankia. 

Como consecuencia de la reducción de capital, aquellos accionistas que se mantengan en Caixabank verán elevado su peso en el capital sin necesidad de adquirir nuevos títulos. 

Subir sin comprar

En función de estos números, que se confirmarán aproximadamente en tres semanas, la participación de la Fundación Bancaria La Caixa, que actualmente se sitúa unas pocas décimas por encima del 30%, se irá hasta el entorno del 32,3%.

En el caso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a través de la que se canaliza la participación del Estado, ésta se situará muy cerca del 17,5%, desde el 16,1% que ostenta actualmente.

Relación consolidada

Así, la participación sumada por los dos primeros accionistas se aproximará mucho al 50%, lo que reforzará aún más la sólida estructura accionarial de la entidad.

Aunque el inicio no fue del todo sencillo, con aquella votación del FROB contra la propuesta de remuneraciones en la primera junta de accionista del nuevo banco resultante de la fusión, lo cierto es que la relación entre los dos primeros socios de la entidad se ha consolidado y no ha supuesto un obstáculo para terminar de cerrar la fusión ni tampoco para sacar adelante con éxito el primer plan estratégico.

Origen de la participación 

Además, la pasada semana la presidenta del FROB, Paula Conthe, aseguró en sede parlamentaria que la permanencia del Estado como accionista de Caixabank más allá de 2023, cuando vence el último plazo concedido por el Gobierno para ejecutar el mandato de desinversión, tendría sentido desde el punto de vista técnico.

La participación pública en Caixabank procede de la que el FROB tomó en Bankia, cuando a comienzos de la pasada década se inyectaron en torno a 24.000 millones de euros en la entidad para evitar su deterioro financiero y poner a salvo los depósitos de los clientes. 

Sin prisas

El Gobierno se comprometió a salir del capital de Bankia y proceder así a la compensación de esta cantidad, aunque hasta la fecha tan sólo se han reintegrado poco más de 3.000 millones merced a dos desinversiones parciales que se realizaron hace más de siete años. 

Desde entonces, el Ejecutivo ha prorrogado cada dos años el plazo para salir definitivamente de Bankia, con el argumento de que las circunstancias del mercado no hacían posible que los ingresos por la operación compensara ni siquiera una parte razonable de la inyección de dinero público.

Tras la absorción de Bankia por parte de Caixabank, el canje de acciones determinó la actual participación en la nueva entidad, en la que se mantiene el compromiso de desinvertir aunque, por el momento y a la vista de lo manifestado por el propio FROB, no se trata de un asunto urgente.