El mayor tenedor de VTC busca en el TSJC una indemnización millonaria del Govern

El movimiento de Moove Cars, el mayor tenedor de autorizaciones VTC a escala nacional, constituye la primera acción judicial contra una normativa que endurece las condiciones de explotación del servicio de coches de alquiler. Por el momento, ningún otro gran operador como Bolt y Cabify han adoptado esta iniciativa, si bien no se descarta que sigan la senda abierta por su homólogo.

El colectivo se mueve

Y es que tanto las plataformas digitales como las empresas históricas del sector tan solo pueden recurrir las decisiones administrativas del Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), organismo dependiente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) encargado de avalar las peticiones de renovación o concesión de permisos de VTC --previo pago de una tasa de 500 euros, como informó recientemente Crónica Global--.

El decreto ley aprobado en julio en el Parlament únicamente podría elevarse al Tribunal Constitucional por parte de 50 diputados o 50 senadores, de Presidencia del Gobierno y del Defensor del Pueblo, pero no de las empresas directamente afectadas. Por tanto, el recurso de constitucionalidad queda vetado. Lo cual no significa que los propietarios de licencias, sean grandes o pequeños, no vayan a mover ficha para reclamar cuantiosas indemnizaciones por daños y perjuicios en caso de que se denieguen sus solicitudes.

Imagen de un conductor dentro de un VTC / EP

Indemnizaciones millonarias

Como adelantó La Vanguardia, un estudio de la consultoría Ernst & Young apunta a que estas reclamaciones podrían superar los mil millones de euros que debería abonar la Administración. Una vez agotado el plazo para solicitar las autorizaciones ante el IMET, entre el 1 y el 30 de septiembre, se abre la veda para demandar cada negativa de servicio por parte del organismo público. El ente del AMB tiene hasta final de año para dar luz verde o denegar los requerimientos.

Por otro lado, esta sería la contrapartida económica que habría asumido el propio sector, que se muestra pesimista sobre la supervivencia de su negocio. Actualmente, hay 4.000 licencias distribuidas en Cataluña, si bien no todas están en circulación --en toda España hay más de 17.000, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Transportes--. Los cálculos más prudentes sostienen que solo 1.000 pasarán el filtro del nuevo marco jurídico.

Decreto anti-VTC

Un marco jurídico que impone condiciones onerosas a las flotas. El primero pasa por adquirir un vehículo de 4,9 metros de longitud y certificado de emisiones ECO o Cero, modelos mucho más caros y escasos en los concesionarios. Además, se trata de unidades difícilmente conseguibles en el breve periodo temporal exigido por la regulación debido a la crisis de componentes.

Pero también se introduce un duro régimen sancionador y se incluyen otras condiciones para el ejercicio de la actividad, como un periodo mínimo de explotación y la residencia social en Cataluña. En paralelo a las posibles demandas de los afectados, las plataformas digitales han elevado sus quejas a la Comisión Europea, amparándose en el informe de la Autoridad Catalana de la Competencia que alertó sobre las trabas del decreto ley. El movimiento de Moove Cars abre otra vía en este conflicto que amenaza con terminar en costosísimas compensaciones a cuenta del erario.