Crisis entre constructoras y clanes familiares por la vigilancia de obras

Crisis entre constructores y clanes gitanos por la vigilancia de obras. La familia de Los Extremeños del barrio de San Cosme de El Prat de Llobregat (Barcelona) ha irrumpido en el negocio en Barcelona y su conurbación con unas tácticas que han levantado polvareda. De hecho, el movimiento ha roto el débil equilibrio entre las empresas del ladrillo y los grupos que ofrecen estos servicios de forma legal y pactada. 

Cartel de 'Los Cucos' en la entrada en una obra de Barcelona / CG

Así lo indican fuentes de una industria donde ha hecho falta mucho trabajo para aflorar la actividad y superar los encargos en negro. Estas voces indican que la saga catalana afincada en El Prat "ha llegado al sector con tácticas muy dudosas" y que dificultan que la "vigilancia de materiales y maquinaria se reparta de forma territorial". El clan habría entrado en obras del Baix Llobregat, de donde es originario, pero también en Barcelona. 

"Atemorizan a los jefes de obra"

Es precisamente en la Ciudad Condal donde hay más actividad constructora y, por lo tanto, más demanda de seguridad en los lugares de trabajo de personas y maquinaria. Hasta ahora, la vigilancia se había repartido de forma mayoritaria --y salvo excepciones-- entre empresas acreditadas que se encontraban, por ejemplo, en la plataforma Obralia, que agrupa a todo tipo de contratistas registrados. 

"La entrada de Los Extremeños lo está cambiando todo", lamentan los mismos interlocutores. Acusan al grupo de presionar a los jefes de obra para que cambien sus empresas de seguridad a sociedades pantalla --"porque no existen", recalcan las mismas voces-- vinculadas al clan de San Cosme. De lo contrario, hay amenazas de "robo de material", que es muy costoso. 

"Equilibrio roto"

Esta nueva situación no solo afecta a pequeñas empresas, sino "también a grandes grupos con presencia en toda España". Preguntados por la cuestión, fuentes policiales han indicado que no tienen constancia de quejas al respecto. 

Otras fuentes del sector de la seguridad privada sostienen que "los jefes de obra no denuncian a la policía las coacciones de Los Extremeños porque temen represalias, como el robo de material". "Es lo mismo que les puede pasar si rechazan sus servicios", indican. 

"Un conflicto" y "en negro"

Hasta el momento, ha habido al menos un conflicto en el área de Zona Franca relacionado con los servicios de vigilancia. Las voces consultadas denuncian "el movimiento de dinero negro" que genera el negocio que aún se realiza de forma ilegal y recuerdan que las empresas acreditadas hacen frente "al pago de impuestos". 

"No se trata del reparto del mercado, lo que está en juego es la actividad legítima de empresas que se dedican a esto y que se verán desplazadas porque una familia que pertenece a un barrio temido les barre", alertan. Piden "más vigilancia" a la administración para que esté atenta a que todo pasa por el cauce legal. 

El precedente de La Mina

Cabe recordar que el sector de la vigilancia de obras, que ha estado de forma tradicional a caballo entre la legalidad y la infraeconomía, copó titulares en 2019. Ese año se detuvo a Juan Carlos Ramos, un concejal del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) que contrató al clan de Los Manolos para vigilar obras en el barrio de La Mina. 

Vista érea de un bloque en el barrio de La Mina de Sant Adrià / CG

La denuncia que generó el procedimiento judicial la interpuso ADN Sindical, la mayor plataforma del sector de la vigilancia privada, que brega desde hace años por la legalidad de esta actividad. El caso salpicó al Consorci de La Mina y el edil acabó inhabilitado por la Audiencia Provincial. El caso coincidió en el tiempo con la nueva degradación del barrio por culpa de la heroína.