El Govern gastará otros cuatro millones para incluir la T-Mobilitat en las tarjetas de crédito

La licitación aún está abierta y se plantea por la vía de la urgencia, aunque se ha ampliado el plazo límite para presentarlas al ofrecer en un primer momento un calendario “insuficiente para poder presentar ofertas por el alcance y amplitud de requisitos establecidos en los pliegos”. Las empresas interesadas disponen de tiempo hasta este jueves, 21 de julio.

Contrato hasta diciembre de 2023

La adjudicataria deberá “diseñar, desarrollar, suministrar, instalar, integrar, desplegar y poner en marcha”, así como brindar el “correspondiente apoyo técnico para la implementación de un nuevo ecosistema”. Todo ello, hasta diciembre de 2023. Recibirá 1,15 millones en los meses del ejercicio en curso y 2,85 millones más para el próximo año, el primero completo.

Cabe recordar que la T-Mobilitat es un proyecto que la ATM adjudicó en octubre de 2014, cuando reconoció la “manifiesta obsolescencia tecnológica de la banda magnética” de los títulos de transporte público y decidió modernizar toda la red. Seis años después, aún se usan las tarjetas de cartón y el “sistema de ticketing electrónico sin contacto” solo se puede usar como una prueba en el Metro de Barcelona y los autobuses de la ciudad.

Problemas con el proyecto

No se ha universalizado por el resto de la red por los problemas que acumula el proyecto. El consorcio encabezado por Caixabank, Indra, Fujitsu y Marfina que se encarga de la iniciativa ya fue penalizado, aunque fuentes próximas a la ATM reconocen que el origen de los fallos que han dilatado el asunto se deben buscar en la política.

Quiosco en plaza España para conseguir con cita previa la T-Mobilitat / CG (Aleix Mercader)

Además de sufrir un parón cuando los comunes, el partido de Ada Colau, accedieron a la alcaldía de Barcelona en un primer mandato --exigieron revisar todo el proyecto por si había desvíos de algún tipo--, está pendiente tomar la decisión sobre las tarifas que pagará cada usuario.

Más uso, más barato

Se persigue el objetivo que se premie a los que más usan el transporte público y no se pague más simplemente por los kilómetros que se recorren al día. De hecho, como el fin último es ganar cada vez más usuarios, se apunta a que los que viajen de forma recurrente desde ciudades que están lejos de Barcelona se les debe garantizar un precio muy competitivo.

Las fuentes consultadas aseguran que aún no se ha definido una fórmula exacta para conseguirlo, hecho que supondrá un cambio respecto a las tarifas vigentes en la actualidad, y que todo ello retrasa el proyecto. La nueva fecha para su entrada en vigor es 2024. 

Mejorar la experiencia del usuario

Aun así, se persigue “mejorar la experiencia del usuario de trasporte público” con facilidades como las que se plantean en el concurso público que está abierto. ATM recuerda que, por ahora, en Barcelona se puede usar la T-Mobilitat mediante “tarjetas de PVC y cartón, con chips de procedencia diversa” y mediante “dispositivos móviles NFC propiedad del usuario” donde se instala una aplicación que también permite la recarga y que está “completamente integrada en el sistema tarifario integrado”.

Ahora, se dará un paso más que se espera completar cuando el proyecto se pueda escalar más allá de la capital catalana. Se espera adjudicar la licitación por la vía de la urgencia en cuestión de días. El objetivo es que la empresa concesionaria empiece a trabajar para conseguir este objetivo en septiembre.

El vicepresidente y 'conseller' de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró / GENERALITAT DE CATALUÑA

La ATM está conformada por representantes de la Consejería de Territorio, encabezada por el vicepresidente, Jordi Pugneró, y por representantes del Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana (AMB) y la Asociación de Municipios para la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU), donde se incluyen corporaciones locales del Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental y Vallès Oriental. El Estado está presente en los órganos de gobierno en calidad de observador.