Puigneró pide más tiempo para explicar el fiasco de la T-Mobilitat

Habrá que esperar a mediados de julio para que el vicepresidente de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, rinda cuentas en el Parlament sobre el fiasco de la T-Mobilitat . El número dos de la Generalitat ha pedido una prórroga para dar explicaciones sobre este proyecto de billete electrónico, que ha sufrido varios retrasos y sobrecostes, pendiente de que una auditoría independiente pueda aclarar esos fallos y dar garantías de fiabilidad y seguridad.

Precisamente ayer, el secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Ricard Font, puso nueva fecha a la integración de todo el sistema de transporte público catalán a través de T-Mobilitat: 2024. Es decir, diez años después de que se firmara el contrato con las empresas encargadas de unificar el transporte con un nuevo sistema tarifario.

Retrasos

El nuevo servicio debía estar en marcha en 2017 y, ante la imposibilidad de cumplir con este plazo, se fijó 2021 como año para desplegarse en su totalidad, algo que tampoco se pudo cumplir.

El consejero de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, quien choca también por los atascos en la AP-7 / EUROPA PRESS

Poco después se produjo un problema informático que dejó al descubierto centenares de datos sensibles de usuarios que se habían acogido al primer gran piloto de la T-Mobilitat. Asimismo, los costes se han desviado sensiblemente del presupuesto inicial, al pasar de 58 millones de euros a 95 millones. El proyecto es ejecutado por la unión temporal de empresas (UTE) llamada SOC Mobilitat que forman La Caixa, Indra, Fujitsu y Moventia, entre otros. 

Sobrecostes

El pasado mes de febrero, la Autoridad de Transporte Metropolitano (ATM) tuvo que aportar 10,6 millones de euros al consorcio SOC Mobilitat. Los numerosos fallos detectados en esta tarjeta de transporte sin contacto ha dado lugar a un intenso debate parlamentario, donde afloraron los numerosos fallos. El pasado 4 de noviembre de 2021, el Parlament aprobó una moción, presentada por PSC-Units, que contemplaba la elaboración de una auditoría externa, garantías de seguridad y rendición de cuentas. En concreto, los grupos parlamentarios exigían al Govern garantizar la máxima fiabilidad y seguridad en el desarrollo tecnológico y “encargar una auditoría independiente para determinar cuáles han sido los problemas tecnológicos que han impedido su puesta en funcionamiento en los plazos previstos, entregándole las conclusiones en el plazo de seis meses”.

Asimismo, estaba previsto que, ante de que acabara 2021, la Generalitat presentara un informe detallado de todos los contratos y costes de diseño de la T-Mobilitat, el estado actual, así como las penalizaciones e indemnizaciones acordadas por incumplimientos de contrato, que adjunten las auditorías de las cuentas anuales de la empresa SOC Mobilitat”.

Plazos

Igualmente era objetivo de la moción garantizar que la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) y los operadores públicos que dependen impulsen la gestión de la tarjeta, una vez sea operativa y aprobar, en el plazo de seis meses, un nuevo sistema tarifario del transporte público, basado en kilómetros recorridos y recurrencias en el uso, que tenga en cuenta especialmente la tarificación social y también nuevos modelos de movilidad en transporte público, como la variabilidad del teletrabajo.

Pero el tiempo ha pasado y el proyecto sigue encallado, por lo que el vicepresidente del Govern, responsable de las políticas digitales y de la movilidad, ha pedido más tiempo para dar explicaciones en el Parlament sobre el cumplimiento de esa moción. La comparecencia de Puigneró forma parte de la labor de control del Govern que hace la oposición con la finalidad de evitar que las resoluciones parlamentarias queden en papel mojado.

El vicepresidente ha recurrido al reglamento de la Cámara catalana para posponer la presentación del informe de seguimiento de la moción en lo que respecta a la seguridad tecnológica del proyecto y la auditoría encargada. Puigneró también pide más tiempo para aprobar el nuevo sistema tarifario del transporte público. Así, habrá que esperar, como mínimo, hasta mediados de julio para que el Govern rinda cuentas en la Comisión de Políticas Digitales y Territorio, pues el vicepresidente ha pedido una prórroga de 15 días hábiles, que concluye el 6 de julio.