Recelo en Bruselas: España se embolsa 800 millones por exportar electricidad

Y es que los gobiernos de España y Portugal encuentran más dificultades de las previstas a la hora de obtener el plácet de la Comisión Europea a su propósito de limitar el precio del gas para la generación eléctrica dentro de sus fronteras y, de este modo, aminorar el montante de la factura de los consumidores. 

Limitar el gas

En este sentido, el esquema planteado por los dos Estados miembros de la Unión Europea que comparten la Península Ibérica incluye un doble sistema de fijación de precios. El límite al coste del gas natural, que en la propuesta es de 30 euros por megawatio/hora (MW/h), tan sólo se aplica en el mercado interno. 

Con vistas a la exportación de electricidad se mantendrían los precios marcados en el mercado mayorista sin el mencionado ajuste, algo que algunos de los socios europeos no ven con buenos ojos y así lo han manifestado en el seno del Ejecutivo comunitario.

Vuelta a la exportación 

Los más reacios a la denominada “excepcionalidad ibérica”, que España y Portugal lograron arrancar en el Consejo Europeo celebrado hace algunas semanas, apuntan a que ambos países obtienen beneficios al vender parte de la electricidad que generan y que esos montantes deberían ser destinados a abaratar el coste del recibo. 

Como ya informó Crónica Global, el actual escenario de tensiones en los mercados energéticos ha devuelto a España la condición de exportadora neta de electricidad, que había tenido tradicionalmente (debido a la sobrecapacidad del sistema) pero que había perdido a mediados de la pasada década. Fue una consecuencia de que el desarrollo de la red renovable no era suficientemente intenso para cubrir determinados huecos térmicos.

Problemas en Francia 

Pese a la histórica y, en ocasiones, desbocada subida de precios, el mercado mayorista ibérico presenta cifras notablemente competitivas en relación con las de Francia, el principal comprador de electricidad a España. 

El país vecino padece las consecuencias de la parada de numerosos reactores nucleares, tanto programadas para recarga de combustible como inesperadas por problemas técnicos, así como su dependencia del gas procedente de Rusia, cuyo precio se ha disparado como consecuencia de la guerra iniciada por el Gobierno de Vladímir Putin a finales del pasado febrero.

Tres centrales nucleares pararán próximamente para recargar combustible / EP

Tendencia desde el verano

En torno a dos terceras partes del mix eléctrico francés está cubierto por la nuclear, una de las fuentes más baratas para la generación. Sin embargo, la citada parada de las centrales y la inflación del gas ha hecho que el país galo vuelva a mirar a su vecino del sur para tratar de abaratar la factura. 

Este fenómeno que comenzó ya a reflejarse en las estadísticas a finales de 2021, aun sin el factor del conflicto armado y que se ha visto corregido y aumentado en 2022. 

Inconveniente

En lo que va de año, el saldo exportador del sistema peninsular español asciende a algo más de 3.700 gigawatios/hora (GW/h). Para hacerse una idea de lo que supone esta cifra, a finales de la pasada década España presentaba un saldo importador por encima de los 11.000 GW/h.

La vuelta a la tortilla ha sido completa y el sistema sale beneficiado. Sin embargo, no es el escenario que más favorece a España y a su socio ibérico con vistas a que sus planes para amortiguar la inflación eléctrica sean suficientes. 

Discrepancias

Este límite temporal a los precios del gas forma parte del plan de choque aprobado recientemente por el Consejo de Ministros con el objetivo de afrontar la complicada situación derivada de la guerra, en especial en lo concerniente a la subida de los precios. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los medios en Bruselas / EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logró tras una tensa y dilatada reunión del Consejo Europeo el visto bueno provisional a la llamada excepcionalidad ibérica, aunque siempre condicionado a la presentación de una estrategia para intervenir en el mercado que fuera aprobada por Bruselas. 

Aunque el plan conjunto hispano-luso fue remitido al Ejecutivo comunitario con carácter de urgencia, su complejidad y las discrepancias internas provocan que su aprobación se esté demorando más de lo previsto.