Los presupuestos agitan la batalla salarial en el tercer sector

Estos convenios afectan a equipamientos y servicios tan variados como los comedores escolares o las instituciones de guardia y educación para niños y jóvenes --conocidos estos últimos como CRAE, siglas de Centros Residenciales de Acción Educativa--. Mientras los trabajadores afectados reclaman una importante revisión salarial al alza tras años con las tablas congeladas, las privadas esgrimen su escaso margen de maniobra por la falta de incremento de los módulos. Un bloqueo cuya resolución depende, en última instancia, de la voluntad de la Administración.

Las tarifas, congeladas

Pero el anteproyecto de cuentas públicas no facilita elementos para encauzar el diálogo social. En el caso de los equipamientos vinculados con el sector de la infancia y la adolescencia, un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales ha reconocido a este medio que "el proyecto de presupuestos incluye una revisión del modelo residencial que puede comportar cambios de tarifas, pero el objetivo no es tanto la revisión de las tarifas, sino del modelo de atención".

De hecho, en la página 23 del presupuesto desglosado para esta consejería [puede consultarse aquí] se establece la consolidación, pero no el aumento, de los 28,81 millones dotados para esta finalidad. La consolidación se refiere a las subidas aprobadas en los dos últimos ejercicios, pese a que los sindicatos puntualizan que estas alzas no se han trasladado de forma global a las nóminas.

Pugna por los sueldos

"La patronal se queja de que lleva 10 años sin subidas de los módulos. Pero con el decreto ley aprobado en noviembre de 2020 para hacer frente a las consecuencias sociales del Covid se subieron las tarifas para la mitad de centros que dependen de la DGAIA, y estas subidas no han repercutido en los salarios", denuncia Antonio Gutiérrez, responsable de acción social de la UGT. Para el sindicato, el binomio tarifas-salarios debe preservarse en todo momento para garantizar que cualquier asignación extra de fondos beneficie a las plantillas.

Gutiérrez recuerda que el decreto especificaba que los incrementos debían suponer una mejora de las condiciones retributivas de los empleados, aunque no todas las empresas han seguido esta indicación. "Algunos empresas han subido salarios, pero otras han hecho provisión de fondos", reprocha. "Hemos hecho seguimiento de la aplicación del decreto de tarifas. Y esta tarea de vigilancia nos ha llevado a proponer la mediación del Departamento de Trabajo para garantizar que todas las entidades apliquen las tarifas acordadas, tal y como establece el decreto en su exposición de motivos", señalan fuentes de la Consejería. Por su parte, La Confederació, organización que aglutina a las empresas del ramo, ha preferido no hacer declaraciones a este medio mientras esté convocada la mesa de diálogo. 

Petición de las empresas

La posición de esta entidad, al igual que otras como Acellec en el campo del ocio educativo, es que los módulos públicos se actualicen de forma periódica conforme la evolución de los precios y salarios. De esta forma se podrían revalorizar los sueldos y, a la vez, adecuar la actividad de las empresas a la evolución de la economía catalana. Un portavoz de Dincat, federación de entidades sociales de la discapacidad intelectual, reitera que el sector "arrastra una infrafinanciación sufrida como consecuencia de una década de recortes y posteriores congelaciones de los módulos".

La organización valora las subidas de los dos últimos años, pero las considera "del todo insuficientes". Además, precisa que se han dejado fuera ámbitos como el de la discapacidad intelectual que precisamente representa Dincat. Por otro lado, un portavoz de FEDAIA (Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia) ha declinado entrar en el detalle de si el gasto en infancia ha aumentado o ha disminuido respecto a otros ejercicios, ya que la entidad se halla ahora mismo en una fase de estudio del proyecto. En cualquier caso, FEDAIA ha pedido que los recursos se destinen a programas para la infancia más vulnerable y al despliegue del modelo de intervención socioeducativa pactado en la anterior legislatura. Mientras el Govern busca a marchas forzadas apoyos parlamentarios para salvar los presupuestos, el conflicto de los convenios del tercer sector seguirá sin solución.