La precariedad lleva a comedores escolares al borde de la huelga

Los representantes de los trabajadores informan a Crónica Global que planean un intenso calendario de movilizaciones a la vuelta del verano y que la convocatoria de una huelga está sobre la mesa. Por el momento, han programado dos manifestaciones el 19 y el 21 de septiembre en Barcelona. Tanto CCOO como UGT denuncian los bajos salarios que se pagan y valoran de forma negativa la última propuesta recibida por la contraparte empresarial. "La negociación está rota", sentencia un portavoz sindical.

Negociación conflictiva

El conflicto estalló a finales de julio. Según la versión de las plantillas, la vinculación de un incremento salarial a distintas modificaciones del documento laboral propició que ambas organizaciones se levantaran de la mesa en la que se mantenía el debate. Uno de los elementos propuestos para reforma por parte de las patronales es el régimen sancionador del convenio. Además, las empresas plantearon que la subida de las retribuciones se retrasara hasta septiembre de 2022.

Acellec, una de las patronales involucradas en la negociación --las otras son La Confederació y ACCAC--, desmiente la paralización de las conversaciones. Su gerente, Pep Montes, asegura que "las negociaciones no se han roto" y argumenta que la parte empresarial todavía espera respuesta formal a su última propuesta. "Tenemos un contacto estrecho y continuado con los trabajadores. Por nuestra parte queremos contar con un buen convenio donde la función de los trabajadores sea esencial", explica.

Quejas de los sindicatos

El actual convenio del ocio educativo lleva pendiente de actualización desde 2018. Este documento regula el trabajo de los cerca de 10.000 profesionales que atienden a los alumnos durante los almuerzos en los centros educativos --además, también regula otros empleos como los veladores escolares o los monitores de campamentos de verano--.

Un comedor escolar con las mesas preparadas / EP

Según relata Cristina Broto (CCOO), la situación de las plantillas de los comedores escolares raya con la precariedad. "El salario de estos trabajadores tan solo es un 14% superior al mínimo inteprofesional", detalla. Aunque la última mejora pactada en 2019 supuso un incremento del 2,5% repartido en dos ejercicios, los sindicatos alertan de la insuficiencia de las remuneraciones. "Son sueldos que no dan para vivir. Tenemos a trabajadores en las colas del hambre", añade Xavier Reboso (UGT).

Educació, ausente

Acellec responde que está en su voluntad pactar un alza de las retribuciones, pero echa en falta una actualización constante de los precios públicos de los comedores. "Durante los últimos 14 años, la Generalitat tan solo ha subido en una ocasión el precio máximo de los comedores", recuerda Montes. Este incremento, aprobado por la Consejería de Educación en abril de 2020, supuso fijar el precio máximo en 6,33 euros --13 céntimos por encima del que había regido desde el curso 2008-09--.

En la medida en que las empresas se nutren de forma única de los precios que pagan las familias, las patronales exigen una revisión continua de las tarifas. De hecho, Acellec pone en valor que la subida salarial de 2019 se produjo antes incluso de haber revalorizado el valor del servicio. "No pedimos grandes subidas, pero sí que año a año se analicen los costes y se decidan los precios en función de los mismos", argumenta Montes.

Asignatura pendiente

De hecho, la patronal espera en estos momentos una respuesta del Departamento sobre esta materia --también queda por aprobar desde 2018 un decreto de comedores que fije una regulación mínima de la actividad--. Durante la primera oleada de la pandemia, Acellec calcula que el sector perdió cerca de 18 millones de euros. El servicio se mantuvo activo durante el curso anterior gracias al esfuerzo de prevención y seguridad adoptado por las empresas.

No es la única asignatura pendiente del Govern respecto a los comedores infantiles. En julio del año pasado, un colectivo de alcaldes reprochó al Ejecutivo catalán que eliminase las becas comedor, unas tarjetas con que las familias en riesgo de exclusión social abonaban el dinero del servicio. La medida se tomó sin previo aviso, ni siquiera a los que se beneficiaban de esta ayuda social. Otro contencioso abierto en una actividad esencial para la conciliación y a la que, a partir de septiembre, podría sumarse un nuevo episodio de conflictividad social.