El Govern ofrece un grupo de trabajo a la CUP para abordar otro referéndum secesionista

El Govern de ERC y JxCat intenta salvar los Presupuestos de la Generalitat de 2022 ofreciendo a la CUP trabajar en otro referéndum secesionista. Según el documento de la Comissió Oberta Parlamentària (COP) de esta última formación, que sus bases abordarán este sábado, el Ejecutivo de Pere Aragonès se ha ofrecido a crear un grupo de trabajo sobre un "embate democrático", que contemple la posibilidad de realizar una nueva votación nacionalista durante esta legislatura.

Según el documento de la CUP, el Govern asegura que durante la primera mitad de 2023 se analizará si las negociaciones de la "mesa de diálogo" de los dirigentes secesionistas de la Generalitat con el Gobierno central da los frutos que esperan, y decidirán los siguientes pasos, "incluida la virtual finalización de la negociación".

Enmienda a la totalidad en el aire

El texto afirma que la mayoría secesionista en el Parlament estudiará "la oportunidad de impulsar, complementar o buscar alternativas en el contexto del embate democrático al Estado", contemplando las diferentes propuestas, como la de realizar un referéndum en esta legislatura, como pretende la CUP.

Este documento, según Europa Press, será la base que la COP utilizará para valorar si ratifica la postura de la CUP de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos catalanes de 2022; los cupaires registraron su enmienda el miércoles, y tienen de plazo hasta la mañana del lunes para retirarla.

Consulta para los Juegos de invierno

El Govern también ha propuesto a la formación ultranacionalista incluir en los Presupuestos de la Generalitat para 2022 una disposición adicional por la que el Ejecutivo catalán se compromete a que "no formalizará ninguna candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno hasta que no se haya realizado la consulta ciudadana" sobre este proyecto durante 2022.

De hecho, este jueves la CUP presentó en el Parlament una moción --que finalmente no fue aprobada-- con la que exigía al Govern retirar este proyecto, y JxCat votó en contra porque criticaba el "inmovilismo" de los cupaires, mientras que ERC se abstuvo y le reprochó que se había acordado celebrar esta consulta para que el territorio decidiese.

Rechazo a Hard Rock

También plantea incluir otra disposición adicional que establezca que la Generalitat no asumirá "en ningún caso, ningún coste en concepto del proyecto CRT-Vilaseca", conocido como el complejo de BCN World y Hard Rock en el Camp de Tarragona.

Sobre vivienda, insiste en que hará las modificaciones presupuestarias necesarias en la ejecución de las cuentas y en función de los ingresos para alcanzar los 1.000 millones que quiere la CUP --los Presupuestos prevén 749 millones--, y que los recursos adicionales se destinarán a políticas públicas de vivienda y vivienda pública.

Ley de Seguridad Ciudadana

El Govern se ha comprometido a que su Consejería de Interior lleve a cabo una revisión de los procedimientos sancionadores de la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida como Ley Mordaza-- de acuerdo con el principio de proporcionalidad y para "garantizar los derechos fundamentales implicados, como el derecho de manifestación, reunión, libertad de expresión o participación".

En los nuevos procedimientos, la tramitación de la sanción pasará a cargo de la dirección general competente en la Administración de la seguridad de la Consejería de Interior, "corrigiendo la anomalía actual de que la unidad sancionadora es la misma que emite la denuncia", y se garantizará el derecho de defensa del denunciado y de formular alegaciones, propone el documento.

Municipalización del agua

En su respuesta a las demandas de la CUP, el Govern asegura que aprobará en noviembre la memoria preliminar del anteproyecto de ley del impuesto sobre emisiones portuarias de grandes barcos y, durante diciembre, la de actividades económicas que generan gases con efecto invernadero.

Sobre la demanda de la CUP para impulsar una modificación legislativa para la municipalización del agua, el Govern asegura que la normativa vigente no es un "obstáculo para la remunicipalización de la gestión", y se compromete a realizar un estudio sobre posibles mejoras para facilitar el trámite para cambiar el modelo, y dotar a la Agencia Catalana del Agua (ACA) de plazas para crear una oficina de apoyo a los municipios que quieren recuperar su gestión.