Foment exige más competencias para los agentes sociales en la planificación de la FP

Foment del Treball ha exigido más competencias para los agentes sociales en la ordenación de la formación profesional (FP). Ante la próxima aprobación de una nueva ley orgánica sobre la FP, el presidente de la comisión de formación de la patronal, Manuel Rosillo, ha afirmado que "la corresponsabilidad empresarial se puede exigir en la medida en que se participa de las decisiones".

"Es necesario concretar un órgano de integración de carácter ejecutivo entre el Gobierno y los agentes sociales: estrategia, planificación y evaluación y orientación", ha reclamado el empresario en el marco de una jornada sobre las principales novedades del proyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la FP, que refundirá las cuatro leyes en vigor sobre esta modalidad educativa. En la sesión ha participado tanto la secretaria general de formación profesional del Gobierno, Clara Sanz, como el presidente ejecutivo de la Agencia de Formación y Calificaciones Profesionales de Cataluña, Fabián Mohedano.

Modelo catalán

Rosillo ha citado precisamente la comisión rectora del organismo autonómico, integrada por delegados de los sindicatos y patronales así como de la Administración pública, como un modelo exportable al conjunto de España. La cogobernanza entre agentes sociales y representantes politicos no es la única demanda de Foment. La organización empresarial ha sumado otras peticiones como el encaje legal de los centros de segunda oportunidad, la oferta complementaria para las personas que superen un examen de acreditación profesional y la armonización de las políticas laborales --especialmente la definición del contrato de formación-- con los retos planteados por el Ministerio de Educación en su plan de modernización para la FP.

"Estabilidad y seguridad jurídica es lo que queremos los empresarios", ha resumido Rosillo. El empresario ha pedido que la búsqueda del consenso entre partidos políticos y sectores sociales marque el rumbo de la tramitación de la ley, que ha salido adelante en la Cámara Baja sin la presentación de ninguna enmienda a la totalidad. Por último, ha instado a que la futura reglamentación de la ley no desvirtúe el contenido de un anteproyecto del Gobierno que ha calificado como "prometedor".

Acreditación de competencias

Por su parte, Mohedano ha pedido que el Ministerio prime un enfoque empresarial en el desarrollo normativo sobre la FP. "Nos parece que la formación profesional debe parecerse más a la empresa que a la escuela. el primer redactado de la ley, que se ha ido corrigiendo, denotaba que todavía había la FP del sistema educativo y FP para la ocupación. Deberíamos trabajar un poco más la integración entre ambos sistemas", ha dicho.

Además, el gestor ha echado en falta una mayor atención a las tareas de prospección, esenciales para diseñar la oferta pública en función de las necesidades del mercado de trabajo, y se ha mostrado escéptico sobre el incremento previsto por el Gobierno de las acreditaciones de competencias. "Se quieren alcanzar los tres millones de personas en un año. Son muchísimas personas. Esto supone que en Cataluña pasaremos de acreditar a 20.000 personas en 20 años, a acreditar esas 20.000 personas en un único año", ha expresado. Ante estas dudas, Sanz ha matizado que el acelerón del programa competencial irá de la mano de un importante refuerzo presupuestario gracias a la inyección de los fondos europeos. En este sentido, la secretaria ha destacado que la nueva ley cuenta con una memoria económica valorada en 5.500 millones de euros.

Un reto de país

Sanz ha presentado la nueva norma como un reto de país para solucionar la falta de capital humano que lastra la competitividad de las empresas. "Faltan profesionales y, desde luego, soy consciente de que tenéis fundadas esperanzas en la ley. Es un momento histórico para la FP, hemos trabajado muy duro entre todos y hemos conseguido generalizar el discurso de que la formación profesional era fundamental para la economía", ha declarado.

La nueva ley recogerá todas las tipologías de FP para ordenar el acceso a cada una de los segmentos de esta modalidad educativa. Lo hará en base a tres criterios: la formación integrada y certificable --Sanz ha insistido que se trata de una iniciativa para facilitar el acceso a la FP en diferentes momentos de la vida personal y profesional de los ciudadanos, desde las microformaciones hasta los másters de la FP--, la orientación profesional y la acreditación de competencias profesionales. Una tríada de elementos que el Gobierno intentará sacar adelante con la máxima concertación social para acompañar el desarrollo de un nuevo tejido productivo. "La formación profesional no es todo el futuro, pero es el futuro", ha concluido Sanz.