Roma presiona a Sánchez para suavizar el hachazo eléctrico, que afecta a Enel

La batería de medidas, que salieron adelante por vía de decreto-ley, el ya conocido como decretazo, incluye un significativo recorte de las retribuciones a las empresas por la subida de las materias primas empleadas en la generación eléctrica. Su cuantía ha sido valorada por el propio Gobierno en 2.600 millones de euros para todo el sector.

Medida discrecional e improvisada

Las empresas afectadas, sobre todo las de mayor tamaño, no han tardado en ponerse manos a la obra para tratar de revocar la situación. Una labor de lobi, especialmente desarrollada en Bruselas, que parece haber dado sus frutos. En los últimos días, y tras varios encuentros entre la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los principales ejecutivos de las compañías, Moncloa abre la puerta a modificar algunas medidas para suavizar el impacto económico en los balances corporativos.

Además del de las empresas, hasta el Gobierno español también ha llegado un mensaje reprobatorio del Ejecutivo italiano, que ha manifestado su disconformidad con el hecho de que una decisión política en España, de carácter discrecional e improvisado y sin una puesta en común previa con los socios comunitarios, afecte de forma significativa a una compañía en la que el Estado transalpino mantiene una participación próxima al 30%.

Impacto de 400 millones en dos años

El impacto del decretazo en Endesa se traslada de forma indirecta a Enel, toda vez que la española supone cerca de un tercio del resultado operativo de su matriz. Enel controla en la actualidad algo más de un 70% del capital de la empresa que dirige José Bogas.

Un reciente informe de Barclays calculaba un efecto negativo de 200 millones de euros en las cuentas de Enel para el conjunto del ejercicio 2021 y una cifra similar para 2022. Y es que las medidas se extenderán durante el primer trimestre del próximo año.

Sin acuerdo en Europa

El Ejecutivo que lidera Mario Draghi, antecesor de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), ha manifestado su malestar en estos días en los que algunos de los estados miembros de la Unión Europea más afectados por la crisis energética han mantenido encuentros para estudiar propuestas y consensuar posibles medidas para tratar de frenar la escalada inflacionista de la electricidad.

Un acuerdo que, además, no ha sido posible. Por el momento, Bruselas prefiere dejar la situación en manos de cada país y se ha limitado a dar una serie de recomendaciones entre las que no se encuentra ninguna relacionada con restar beneficios ni retribuciones a las generadoras de electricidad, un factor que no beneficia precisamente la estrategia defendida por el Gobierno Sánchez y de la que pretendía haber bandera en el ámbito comunitario. Como en el caso de España, Italia también padece unos elevados precios de la electricidad e igualmente comparte un escenario de dependencia energética que ahonda sus males en este contexto.

La oposición de Unidas Podemos

De forma paradójica, el caos italiano sirvió al ala socialista de Moncloa como ejemplo para demostrar que la existencia de una compañía pública no conduce necesariamente a una rebaja de los precios energéticos, como defiende Unidas Podemos, socio del PSOE en la coalición de Gobierno que defiende desde hace tiempo la necesidad de contar con una empresa del sector propiedad del Estado.

De hecho, la vicepresidenta Ribera también siente la presión del socio en Moncloa, que ya se ha manifestado públicamente en contra de que el Gobierno suavice las medidas contra las empresas en materia energética e incluso ha llegado a amenazar con condicionar su apoyo parlamentario a los Presupuestos, pese a que fueron acordados y aprobados por el Consejo de Ministros y presentados este miércoles.

El PNV, a la contra

En el sentido contrario, otras formaciones como el PNV, del que también depende que las cuentas públicas salgan adelante en el Congreso, se muestran en contra del decretazo al considerar que no son las empresas las que deben cargar con todo el peso de la mini-reforma energética.

En círculos políticos se asocia la posición de los nacionalistas vascos con su histórica vinculación con Iberdrola, una de las compañías más afectadas por la medida y que con mayor vehemencia se ha manifestado en contra a través de sus principales ejecutivos en diversos foros públicos durante los últimos días.