Colau agrava la crisis del alquiler en Barcelona con su intento de control de precios

El ayuntamiento no solo ha extendido durante cinco años los topes de las rentas, el periodo máximo previsto por la norma, sino que ha reducido otro 5% el precio recogido en el índice de referencia de la Generalitat. Esta rebaja depende del criterio discrecional de cada municipio, pero la corporación barcelonesa ha optado por aplicarlo basándose en la evolución de la renta familiar y del Índice de Precios al Consumo (IPC). Además, la regulación también afecta a las viviendas de más de 150 metros cuadrados. La medida ha contado con el beneplácito del equipo de gobierno (Barcelona en Comú y PSC), ERC y Junts, mientras que PP, Cs, BcnxCanvi y la concejal no adscrita, Marilén Barceló, han votado en contra.

Crisis de oferta

El efecto inmediato de este abaratamiento forzoso será la restricción de la oferta residencial. Según el portavoz del portal inmobiliario Idealista, Fernando Iñareta, "la declaración de Barcelona como área de mercado tenso de vivienda es una mala noticia para las personas que busquen vivir de alquiler". "Barcelona ha registrado durante el año en el que se ha implantado el control de precios una reducción en sus rentas del 8,2%, inferior a la registrada por Madrid (-9,3%), donde los precios son libremente pactados entre las partes. Sin embargo, el número de viviendas que se ofertan en Idealista en alquiler en Barcelona a comienzos de septiembre (alrededor de 10.900) se ha reducido el 42% frente al parque disponible un año antes", detalla Iñareta.

A esta coyuntura se puede sumar, como apunta el economista Gonzalo Bernardos, una tentativa por parte de algunos tenedores de vender su portfolio en Barcelona para trasladar sus inversiones hacia zonas menos intervencionistas como la capital de España. No será la única repercusión. "A medio plazo puede aparecer un mercado negro, pero a corto lo más probable que es una parte de la vivienda pase a arrendamientos por temporada", señala. Estos contratos, a diferencia de los arrendamientos de vivienda habitual, tienen plazos más cortos y no están sujetos a prórrogas, lo cual favorece la adecuación del propietario a la situación económica (y legal) del mercado.

Un bloque de viviendas con pisos de compra y alquiler / EP

Barrera a las rentas bajas

Por si fuera poco, este recorte de la oferta también levanta una barrera para los sueldos más modestos. "Si los propietarios no pueden poner el piso a 1.500 euros, sino a 900, y además deben mantener el precio durante cinco años, al menos optan por arrendarlo a aquellos perfiles con mejores sueldos que les dan mayores garantías de pago", expresa el gestor inmobiliario Artur Stabinski, fundador de la firma Coldwell Banker Anteris Real Estate.

No es el único efecto contraproducente resaltado por Stabinski. "La ley solo tiene en cuenta cuestiones generales, pero no entra a valorar muchos elementos de las viviendas. Por ejemplo si tienen terraza, párking, si están reformadas... Hay muchas diferencias entre unos pisos y otros de la misma finca", destaca.

Pendientes del TC

Actualmente, el precio medio del alquiler en la capital catalana se encuentra en su punto más bajo desde septiembre de 2016. Según la serie histórica de Idealista, los arrendatarios pagaron en agosto un promedio de 14,6 euros por metro cuadrado, lo mismo que hace cinco años. La suavización de los valores ha coincidido en el tiempo con el primer año de vigencia de la ley autonómica, aunque los expertos atribuyen esta fluctuación más bien a las consecuencias de la pandemia. Lo cual no significa que no pueda darse un efecto rebote. "Los propietarios están muy enfadados por las restricciones y, algunos de ellos, pueden optar por desquitarse con una subida de los precios en los próximos meses", advierte Bernardos.

La intentona del Ayuntamiento de Barcelona para poner coto al precio del alquiler pende, además, de la decisión que el Tribunal Constitucional adopte sobre la legalidad de la norma catalana. Tanto el recurso de constitucionalidad presentado por el PP el año pasado, como el interpuesto por el Gobierno en junio de 2021, todavía no han sido resueltos por los magistrados. Colau ha lanzado el balón, pero el árbitro todavía puede parar el partido.