El Govern dinamita la transformación del ICF en banco público

El Govern dinamitó ayer las opciones del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de transformarse en un banco público. La operación política para situar a la agencia financiera de la Generalitat de Cataluña como avalista de las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a los enjuciados por el procés ha dañado la reputación de la empresa pública y pone muy complicado que obtenga ficha bancaria del Banco de España, como pretendía. 

Es lo que indican fuentes cercanas al organismo, que alertan de que convertir del ICF en avalista para los 34 ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas pide 5,4 millones de euros por el dinero gastado en la internacionalización del proceso independentista "no se sostiene con la ley en la mano". Las mismas voces recuerdan que la institución "tiene como función financiar la actividad profesional y mercantil, en ningún caso avalar a personas físicas". 

"Liquidan la independencia del ICF"

Las mismas fuentes señalan que el ICF "había trabajado muy duro para cambiar de imagen de instrumento de la Generalitat de Cataluña a un ente profesional e independiente que ayude a la economía productiva". Lo hizo de la mano del anterior consejero delegado, Josep Ramon Sanromà, que cesó en enero de este año. "El ICF había cambiado a nivel de fondo, y ahora se le infringe un daño reputacional importante", avisan. 

"El ICF es para la actividad productiva o de interés"

Otras fuentes subrayan también que es "inédito" colocar a la agencia financiera autonómica como un avalista directo de personas encausadas por el Tribunal de Cuentas. "Es como si el ICO (Instituto de Crédito Oficial) financiara las fianzas de personas condenadas por apropiación indebida o prevaricación. Es extraño, anómalo", avanzan. Enfatizan, asimismo, que tanto el ICO en todo el país como el ICF en Cataluña "tienen como misión financiar a la economía productiva, aportar circulante a proyectos interesantes que tienen valor social, de creación de empleo, de capital humano o tecnológicos". No son, en ningún caso, "bolsas de fondos para operaciones políticas". 

Nadie quiere avalar el fondo independentista para pagar las fianzas del Tribunal de Cuentas / CG

A este respecto, se hace hincapié en que el Instituto, que actuará de avalista del Fondo Complementario de Riesgos que pagará las fianzas de los 34 ex altos cargos, "recibe dinero comunitario". ¿Podría perderlo? "Es evidente que el ICF está vigilado por el regulador, el Banco de España, y también adscrito al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a la EAPB (Asociación Europea de Bancos Publicos, por sus siglas en inglés). Si hay uso temerario de recursos, se expone a un proceso sancionador e incluso acciones penales", avisan. Es por ello que en el entorno del ICF se da por hecho que será el consejero delegado, Víctor Guardiola, quien firmará los avales al fondo de rescate independentista. "No se expondrá a los técnicos", deslizan. 

El Banco de España, cauto

Todos los interlocutores coinciden en que la operación del Govern de implicar al ICF en el aval a este mercanismo "dificulta, y mucho" el proceso de obtener ficha bancaria y convertirse en ICF Bank, el banco público de Cataluña, con unos activos de partida de unos 600 millones de euros. A preguntas de este medio, fuentes del Banco de España, que tiene que autorizar la operación, recordaron a Crónica Global que el Institut "registró su petición de licencia bancaria ante el Banco de España en marzo y, como consecuencia, se ha abierto un expediente de autorización". 

Este procedimiento "deberá resolverse en común con el Banco Central Europeo en el plazo máximo de un año". ¿Descarrilará el trámite por la nueva faceta política del ICF? "El proceso se encuentra aún en una fase muy incipiente", apostilla el regulador, sin entrar en la polémica. 

Vieja aspiración del ICF

La pasada primavera, el ICF solicitó de manera formal al Banco de España la obtención de una ficha bancaria para operar como banco público, una vieja aspiración que data de comienzos de la pasada década y que nunca ha podido culminarse por diversas circunstancias. La mayoría de ellas, relacionadas con el ámbito político.

Cabe tener en cuenta que, en este proceso, es en realidad el Banco Central Europeo (BCE) el que tiene la última palabra. El regulador español eleva un informe al organismo emisor que es el que, finalmente, concede o no el permiso definitivo. En contra del ICF juegan varios factores. Entre ellos su elevada tasa de morosidad, por encima del 6%, en un momento en el que el BCE es especialmente sensible con los aspectos que pueden dejar a las entidades que supervisa en situación de debilidad en el contexto de la pandemia. 

La deuda de la Generalitat, en contra

Tampoco contará a favor la situación financiera de la Generalitat, toda vez que Cataluña es una de las comunidades autónomas más endeudadas de España, y las consecuencias del Covid-19, con un mayor gasto público. Ello no hará sino ratificar más aún esta posición, tal y como atestiguó la Airef en su último informe sobre la deuda de las Administraciones Públicas.

El sector financiero ha manifestado en los últimos tiempos numerosas quejas por las exigencias que llegan del BCE en materia de solvencia, lo que ha llevado al regulador de la eurozona a limitar el reparto de dividendos. Precisamente, para que no afecte a este elemento. No parece la mejor carta de presentación el hecho de destinar fondos a algo como los avales.