El 5 de febrero, Thomas Piketty y otros economistas de 11 naciones solicitaron la condonación de la deuda pública de los países de la zona euro adquirida por el BCE. La petición no era nueva, pero sí suponía una noticia relevante el número y diversidad de los firmantes. Así, por ejemplo, el autor de este artículo la pidió en abril (¿Y si el BCE hace una donación a los ciudadanos?).
A finales de enero, el banco central había adquirido 3,25 millones de euros, un 76,3% bajo el programa inicial y el resto en el extraordinario inaugurado en marzo de 2020. En el caso de España, el importe condonado sería de 384.845 millones de euros y permitiría disminuir la deuda pública / PIB del 117,1% al 82,7%.
Una vez el BCE deje de adquirirla, el descenso del anterior ratio supondrá un menor riesgo de impago, un tipo de interés más reducido y un importe más pequeño dedicado al pago de intereses. Por tanto, el dinero ahorrado podrá ser utilizado para impulsar el PIB mediante un mayor gasto público o a través de la disminución de impuestos.
A pesar de sus efectos positivos, numerosos economistas, empresarios y políticos consideran la anterior medida contraproducente. Los motivos aducidos son los siguientes:
1) Las deudas deben ser pagadas. Indudablemente es lo ideal. No obstante, a lo largo de la historia, acreedores públicos y privados han perdonado en numerosas ocasiones una parte de ellas a distintos países. Así sucedió después del default de Grecia en 2012, Argentina en 2001, Rusia e Indonesia en 1998 y numerosos países de América Latina en la década de los 80.
En el caso indicado, la condonación sería a nosotros mismos, pues el banco central forma parte del sector público de la zona euro. Por tanto, su repercusión inmediata sería nula. Una actuación similar a la que probablemente realice en los próximos años la Administración central con la deuda de las comunidades adquirida por ella.
2) Los acreedores privados tendrán pérdidas. Al contrario, la condonación sería beneficiosa para ellos, al reducir la disponibilidad de deuda pública de los países de la eurozona. La demanda superaría a la oferta y el precio de los bonos subiría.
3) La deuda de la zona euro perdería prestigio. Así sucedería si el perdón se realizara frecuentemente, siendo el resultado un aumento del coste de financiación de sus miembros. No obstante, éste no tendría lugar, si la condonación constituye una medida extraordinaria, difícilmente repetible en el futuro, para solucionar una crisis diferente a las habituales. En concreto, una gran recesión que no ha sido generada por la realización por parte de distintos países de deficientes políticas económicas, sino por una pandemia a nivel mundial.
4) El BCE quebraría. Una entidad financiera comercial quiebra cuando las pérdidas acumuladas son superiores a los fondos propios. Sin embargo, un banco central nunca lo hace, pues posee la capacidad de emisión de dinero. Cualquier quebranto lo puede restaurar utilizando las máquinas que le permiten crear monedas y billetes.
5) Generaría una elevada inflación. La compra de deuda pública por parte de un banco central puede generar una gran subida del IPC, pero jamás lo hace la desaparición de una parte de ella. La primera tiende a hacerlo si provoca escasez de numerosos bienes o un elevado aumento de los salarios y beneficios empresariales. La segunda es imposible que lo haga porque solo implica la realización de un asiento contable.
6) Es ilegal. El espíritu del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea impide al BCE financiar los déficits públicos. El artículo 123 excluye específicamente su financiación directa, exactamente lo que supondría la condonación de la deuda.
No obstante, desde marzo de 2015, el banco central los ha financiado de forma indirecta mediante la compra de títulos a bancos e inversores. Para realizarla, se ha hecho asimismo trampas, con la anuencia de todas las instituciones europeas. Si las leyes se interpretaron de manera flexible hace seis años, no veo ningún motivo ahora para hacer lo contrario.
En realidad, un gran número de los opuestos a la condonación de la deuda no lo son por los problemas que pueda generar, sino por ideología. La anterior medida abre la puerta a una mayor intervención del sector público en la economía y pone en entredicho el modelo neoliberal establecido en la creación de la zona euro. Dicho modelo instauraba el capitalismo financiero y tenía como principales prioridades la contención del déficit, la deuda pública y el nivel de inflación. Todas ellas formaban parte de los criterios de convergencia que los países debían cumplir para integrarse en la eurozona. En cambio, variables económicas clave, como el nivel de desempleo, la distribución de la renta, la variación del poder adquisitivo de los ciudadanos o el equilibrio en la balanza por cuenta corriente, eran consideradas secundarias y no tenían reflejo en los anteriores criterios.
Uno de los principales objetivos de la restricción numérica del déficit y la deuda era limitar la actividad económica del sector público, estimular las privatizaciones, convertir en privada una sustancial parte de la inversión estatal en infraestructuras y permitir una mayor participación de las empresas con ánimo de lucro en la sanidad, educación y asistencia social, donde la presencia de la Administración era tradicionalmente muy elevada.
Una inflación muy baja y una menor competencia de las emisiones de deuda del sector público pretendían la disminución del tipo de interés de los préstamos bancarios a empresas y de los bonos emitidos por las compañías. La primera repercusión sería un elevado incremento de su endeudamiento y el segundo un gran aumento de sus beneficios, derivados del efecto apalancamiento y la sustitución de una parte de la actividad económica de la Administración.
En definitiva, los principios en que se sustenta el modelo neoliberal han sido inservibles para superar las dos últimas crisis. Por tanto, aquél padece una gran crisis de credibilidad. La condonación de la deuda pública por parte del BCE sería el inicio de su final. Por eso, empresarios, economistas y políticos que profesan la anterior ideología ven en dicho perdón un gran número de peligros inexistentes.
No obstante, espero y deseo que el pragmatismo se imponga a la ideología y los ciudadanos no hayan de vivir peor en los próximos años por una deuda que los Estados se deben a si mismos. No creo que se perdone la totalidad de la existente con el BCE, pero sí considero posible que se elimine la generada desde el inicio de la pandemia o se convierta por completo en perpetua a un tipo de interés muy bajo (igual o inferior al 0,5%).