¿Pueden las autonomías bajar impuestos ahora?

El economista Daniel Lacalle, defensor de una menor carga impositiva por parte de todas las administraciones, considera que algunas comunidades pueden tener margen para una bajada de impuestos. Piensa en Madrid al señalar que pese al fuerte debate que se ha creado, en realidad las autonomías tienen un poder limitado. No se caerá el mundo, viene a decir, si Madrid utiliza al máximo la gestión del tramo autonómico del IRPF, y desmiente que pueda practicar el dumping social. También el economista Juan Rallo apoya esa opción, pero considera que no es el momento de bajar impuestos si se piensa en el futuro inmediato.

Entre Asturias y Valencia

Los descensos en los impuestos que dependen de las comunidades, como el tramo autonómico del IRPF, Sucesiones y Donaciones o Patrimonio, suponen en el caso de Madrid unos 900 millones de euros. Lacalle señala que Madrid recauda con todos los impuestos, los que ya son competencia de la Administración General, un total de 85.000 millones, de los que la comunidad se queda “menos de 16.000”. Con ello, insiste, “no se puede hablar en ningún caso de dumping fiscal”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) / EFE

¿Pero qué ha pasado con la generalidad de las comunidades? El estudio de Fedea concluye que el saldo estructural de las autonomías, aplicando la metodología que sigue la Comisión Europea para descomponer el saldo presupuestario en sus componentes cíclico y estructural, ha sido en 2020 del -1% del PIB, “un empeoramiento de cinco décimas con respecto a 2019". Ese análisis deja una realidad heterogénea: hay comunidades que tienen bajo control ese saldo estructural, como Asturias, Canarias, País Vasco y Navarra, “alcanzando un preocupante registro en Comunidad Valenciana y Murcia”. El resto de autonomías están entre esas dos posiciones y, pese al mayor o menor margen que tengan, siguiendo a Lacalle, lo que fijan los analistas de Fedea es que no es el momento ni ahora ni en los próximos dos años para percibir menos ingresos a través de bajadas de impuestos.

El desfase en los ingresos recibidos

El economista José Carlos Díez considera que se debe respetar, ya que así lo pactaron el PSOE y el PP, el artículo 135 de la Constitución, que se sacó adelante en la anterior crisis de 2008 con la presión de Alemania para que países como España tuvieran claro que el control presupuestario debía ser una prioridad. Las comunidades autónomas “también se deben ver sujetas a la Constitución, y ninguna de ellas, sea Madrid, Cataluña o la que sea, puede permitirse saltarse la ley”.

Evolución del saldo presupuestario (% PIB) de 2018-2020 / FUENTE: IGAE / FEDEA - GRÁFICO CG

Una rebaja de impuestos por parte de las autonomías, respecto a los impuestos en los que tienen competencias, sería un mensaje distorsionador al Gobierno central, que ha sido, de hecho, el que ha equilibrado las cuentas de las comunidades autónomas en este último año para paliar los efectos de la pandemia del Covid. Es lo que se deriva del manejo de los datos que ofrece Fedea.

Las comunidades disponen ahora de un dinero extraordinario, y en 2022 llegará la hora de la verdad. ¿Por qué? “El deterioro fiscal de las comunidades autónomas en 2020 todavía no se ha observado, porque el Estado blindó a las regiones a través de dos vías: la primera no actualizando las entregas a cuenta de 2020 a la caída del PIB”, insisten los analistas de Fedea, Manuel Díaz y Carmen Marín. Y es que esas entregas se calcularon con una previsión de crecimiento del 1,6%, cuando la economía española se desplomó en casi un 11%. Y la segunda vía utilizada fue a través de unos fondos extraordinarios para paliar la pandemia con casi 17.000 millones de euros. Las autonomías deberán liquidar esas entregas a cuenta en 2022 y pagar, por tanto, la diferencia entre lo cobrado y la realidad.

Sin reuniones del Consejo Fiscal y Financiero

El saldo presupuestario de las comunidades en 2020 ha sido del -0,2% del PIB, lo que implicaba el mejor registro en los últimos 15 años. Pero lo que cuenta es el saldo estructural, el real, que se eleva a ese 1% negativo que ha calculado Fedea, y que es el que tiene en cuenta Bruselas.

El candidato de ERC a la Presidencia del Govern, Pere Aragonès / PARLAMENT.CAT

José Carlos Díez señala que esa coordinación, al final, se establece entre el Gobierno central y la Comisión Europea, y no se produce tanto --cada vez menos-- entre las propias comunidades autónomas y el Gobierno central. Las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro donde se debería dirimir todo ese proceso, son inexistentes.

O aumentar ingresos o reducir gasto

Las comunidades necesitarán ayuda en los próximos años para atender las urgencias económicas, sociales y sanitarias por la pandemia y la Administración General del Estado deberá estar a su lado. Es lo que determina Fedea cuando asegura que “a corto plazo es vital atender a las urgencias económicas”. Pero se debe dibujar ya un escenario de reequilibrio fiscal, como también ha apuntado la AIReF.

La voluntad de bajar impuestos no se aconseja, a no ser que “también se reduzcan gastos”, como insiste Daniel Lacalle. Lo que fijan los analistas de Fedea es claro. “Para reducir el déficit una vez termine la pandemia no hay recetas mágicas: o se reducen los gastos o se aumentan los ingresos. Por el lado de los gastos, sabemos que las pensiones y los gastos en sanidad serán cada vez mayores debido al envejecimiento de la población que tenemos por delante. Por no hablar del gasto en intereses, que difícilmente bajará significativamente en los próximos años, con una deuda pública que supone el 120% del PIB”, remacha Fedea. ¿Quién optará por rebajas fiscales?