Las CCAA aumentan las "regulaciones" para recaudar sólo el 2,1% de sus ingresos tributarios

Un aumento de “regulaciones”, sin freno, sobre los distintos ámbitos de la económica, en especial sobre aspectos medioambientales, que no son efectivos y que suponen trabas burocráticas, sin traducción en los ingresos que reciben las CCAA. Es lo que se ha producido en los últimos años y que ha constatado el Consejo de Economistas de España, con un dato que ilustra la situación de todas las comunidades: pese a esos “excesos” regulatorios, los gobiernos autonómicos sólo recaudan por tributos propios el 2,1% de los ingresos fiscales, y dependen de la oscilación de los impuestos cedidos.

La gestualidad, la legislación sobre los distintos ámbitos económicos, se queda en eso, en gestos políticos, aunque la situación es distinta en cada autonomía, en función de su volumen de población. Los tributos propios suponen para Baleares 188,7 euros por habitante, mientras que en Castilla-La Mancha o en Madrid esos ingresos apenas se sustancian en 10 euros por habitante.

Regular, ¿para qué?

El informe del Consejo de Economistas constata que esa proliferación de regulaciones no tiene mucho sentido. Y reclaman un “patrón común para el establecimiento de tributos que graven el mismo objeto imponible”. Lo que resulta de toda esa legislación comparada es que cada comunidad establece un determinado impuesto de forma diferente sobre un mismo hecho imponible.

Gráfico sobre presión fiscal a las rentas más bajas / REAF

Ese “exceso” regulatorio se ha calculado en 858 medidas, “con infinidad de páginas de boletines autonómicos llenas de teóricos beneficios fiscales sometidos a multitud de condiciones que, al final, afectan a muy pocos contribuyentes”. Se trata de una característica que también protagoniza la administración central del Estado. Se gravan determinados hechos imponibles, pero luego se establecen tantas bonificaciones o excepciones que apenas se recauda nada por ese concepto.

La subida de Valencia

En algunos impuestos, como el de Patrimonio, las diferencias son mínimas, a excepción de Madrid, donde está bonificado al 100%. Las CCAA que no han regulado la tarifa de Patrimonio, han visto cómo se ha incrementado el marginal máximo en los casos de ciudadanos con patrimonios de más de 11 millones de euros. Apenas ha habido modificaciones, en este caso, a excepción de Andalucía, donde se ha rebajado, o en la Comunidad Valenciana, donde se ha rebajado el mínimo y se ha subido la tarifa. De hecho, en el último año, ha sido Valencia la que ha aprovechado al máximo su capacidad fiscal subiendo tributos, ante un problema claro de falta de financiación, que ha llevado a su presidente, Ximo Puig, a exigir un nuevo modelo de financiación autonómica lo antes posible. Valencia es una de las comunidades más castigadas por el actual modelo.

El otro gran impuesto en manos autonómicas es el de Sucesiones y Donaciones. El Consejo de Economistas, que preside Valentí Pich, señala que en este caso se ha producido una competencia a la baja, en el caso de los familiares cercanos, de padres a hijos. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, la mayoría de gobiernos autonómicos han decidido aumentarlos. La poca eficiencia de los gobiernos autonómicos se ilustra con la recaudación a partir de los impuestos sobre medio ambiente, que representan hasta el 68,5% de la recaudación por tributos propios.

¿Y para el Covid?

Frente a todo ese entramado de regulaciones y de impuestos propios que no acaban de recaudar grandes cuantías para las comunidades, el Consejo de Economistas señala que resulta sorprendente que no haya habido una reacción frente a la pandemia. Hay “pocas medidas fiscales” relativas al Covid, con el objeto de paliar sus efectos. Si al Gobierno se le ha criticado, por parte de la oposición y por parte del tejido económico de no ser activo más activo en ese aspecto, las comunidades han sido, todavía, más pasivas. Y son necesarias para no perder “los incentivos fiscales aplicados al incumplir los requisitos por la situación de 2020-2021.

Presión fiscal a las rentas más altas por comunidades / REAF

Es decir, algunas autonomías, sí han adaptado sus impuestos propios a la situación derivada de la pandemia, como Cantabria, que en marzo adoptó medidas en relación a la presentación de liquidaciones y autoliquidaciones de los distintos tributos. Otra, como Andalucía, abordó una deducción, para 2020, del 15% en el IRPF, con un límite de 500 euros, sobre las cantidades donadas al Servicio Andaluz de Salud para la lucha contra el Covid. Y en el País Vasco, respecto al IRPF y a Sucesiones, se decidió una exención de las prestaciones por las contingencias de enfermedad y muerte por la pandemia, que se derivaron de seguros colectivos gratuitos que tiene el personal sanitario. Pero poco más.

Madrid, la que menos cobra a rentas bajas

La tributación autonómica vuelve a reflejar una realidad tozuda y es la diferente situación entre comunidades. Canarias, Madrid y La Rioja son las autonomías que ejercen menor presión fiscal en las rentas bajas (hasta 16.000 euros), frente a Navarra, que es la región que más grava a esos contribuyentes. Las tres primeras pertenecen al régimen común, mientras que Navarra es una comunidad foral, que recauda todos los impuestos en su territorio, como el País Vasco. Madrid es también la comunidad que más destaca respecto al trato sobre las rentas más altas, con los tramos más elevados --600.000 euros--. Es la que menos presión fiscal ejerce. Y la que ha subido distintos peldaños es Valencia, la comunidad que más grava a esos contribuyentes, con una subida de dos puntos en el tramo marginal máximo de la tarifa del IRPF. Esos tipos máximos, en el tramo autonómico del impuesto oscilan entre el 45,5% y el 54% de Valencia.

Esa situación, con esos “excesos” de regulación, lleva al Consejo de Economistas de España a pedir una urgente reforma del modelo de financiación, que se demora desde 2014. Las comunidades autónomas viven en un desorden tributario y con pocos ingresos propios. Es lo que constatan los economistas agrupados en los colegios profesionales de toda España.