Antón Costas buscará la “equidad” en el uso de los fondos europeos al frente del CES

El Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido al economista Antón Costas para que presida el Consejo Económico y Social (CES), una candidatura que deberá pasar por el Congreso y por el propio pleno del organismo, formado por 61 miembros. La decisión rompe un periodo de interinidad tras la salida de Marcos Peña en 2019, después de 13 años en el cargo, y de que se hiciera cargo como presidente en funciones Pedro Fernández Alén. Como si se tratara de un primer paso para acercar posiciones entre distintos sectores políticos y económicos, el Ejecutivo ha apostado por un economista que defiende una salida justa de la crisis provocada por la pandemia del Covid, y que buscará la “equidad” en el uso de los fondos europeos.

Su propia trayectoria y su mensaje conciliador puede acercar a los dos grandes partidos de ámbito estatal, PSOE y PP, para encontrar fórmulas que permitan una gestión social que facilite la salida de la pandemia. No es algo menor que el presidente del CES, protocolariamente, sea el cuarto cargo más importante en el Estado, tras el presidente del Gobierno, la presidenta del Congreso y la presidenta del Senado. Será miembro nato, además, del Consejo de Estado. En el PP se ha considerado que Antón Costas es uno de los mejores nombramientos que ha realizado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esos puntos de acuerdo, de búsqueda de puentes, se pudieron comprobar en un acto reciente organizado por la patronal Foment del Treball en el Palau Macaya, que contó con la participación de Pablo Casado y el propio Costas.

Colaboración público-privada

El economista, presidente de la Fundación del Círculo de Economía, y presidente del lobi empresarial entre 2013 y 2016, tiene entre sus propósitos ayudar al control de la eficiencia y de la equidad en el uso de los fondos europeos. Y es que una de las características del CES es su actividad para controlar la calidad de los proyectos legislativos en diferentes ámbitos. Costas representa un organismo compuesto por patronales, sindicatos y organizaciones territoriales, y su obsesión es que en la salida de la crisis por la pandemia --a la espera de la masiva campaña de vacunación-- no se produzcan diferentes fracturas de carácter territorial, sectorial y social.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los representantes sindicales y patronales en la reunión de los ERTE/ EP

En los últimos años su relación con los dos grandes partidos ha sido muy estrecha. Con Mariano Rajoy, en su etapa como presidente del Círculo de Economía, y con el Gobierno de Pedro Sánchez, con el que ha participado como miembro en la comisión asesora del Ministerio de Trabajo, que dirige la ministra Yolanda Díaz (Unidas Podemos) sobre el salario mínimo interprofesional. En ese contexto, Costas ha insistido en la necesidad de establecer consorcios y en la colaboración público-privada, con una participación de las instituciones. Esa imagen de hombre facilitador de acuerdos es la que se premia ahora.

Revolución administrativa

Una de sus ideas centrales, justo en estos momentos, pasa por vigilar, a través del CES, que las inversiones que puedan facilitar los fondos europeos, y centradas en la digitalización y en la transición energética, no dejen atrás los sectores que se consideran estratégicos y que producen empleo. Entre ellos, el sector del automóvil --que con su remodelación hacia el coche eléctrico precisará una menor carga laboral--, el turismo, la construcción, la gran distribución minorista o la salud pública.

Mariano Rajoy, junto al presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, en las jornadas de Sitges.

Al contrario que otros economistas, que lo basan todo para dar un salto en el modelo productivo en esos ámbitos que pide la Comisión Europea, Costas señala a Crónica Global que la economía española debe apostar por todos los sectores citados, que cuentan con más mano de obra, para crear “las grandes empresas del siglo XXI”. E insiste en que “la digitalización y la transición verde no son fines en sí mismos”.

El Gobierno ha trabajado con un Real Decreto-Ley que pueda agilizar todas esas inversiones previstas y que, sin embargo, ha recibido las críticas del PP. Costas, al frente del CES a la espera de recibir el plácet del Congreso y del pleno del organismo --debe ser aprobado por dos terceras partes de esos 61 miembros-- entiende que ese Real Decreto puede ser la herramienta adecuada, porque el Ejecutivo mejoró el texto que inicialmente había visto y sancionado el Consejo de Estado. “Constituye una verdadera revolución administrativa”, señala. El objetivo de esa legislación y de las iniciativas que tome el CES debe ser, a juicio de Costas, la búsqueda de un equilibrio entre el control del gasto y la diligencia en la aprobación de los proyectos y la sofisticación de nuevas formas de colaboración “público-privada-social”.