¿Es la hora de mejorar la financiación de las autonomías?

¿Qué ha ocurrido? Tras importantes partidas en 2020 para las comunidades, para paliar los efectos de la crisis, lo que suceda en 2021 será crucial. Las expectativas se centran en la segunda mitad del año, al entender que la campaña de vacunación estará ya avanzada y la recuperación será un hecho en todos los ámbitos económicos. Sin embargo, los gobiernos autonómicos saben que deben caminar con pies de plomo. El enorme problema es que es el Gobierno quien transfiere, tras unas previsiones de ingresos y gastos, que se ejecutan cada dos años. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha advertido sobre el problema: “Las comunidades tendrán menos recursos en 2022 y 2023, por el impacto de las liquidaciones negativas del sistema de financiación, el menor importe de fondos vinculados al Plan de Recuperación y la ausencia de transferencias extraordinarias del Estado”.

El Gobierno centraliza los recursos

Una salida la ofrece el economista Santiago Lago Peñas, que ha difundido la necesidad de que el Gobierno central deje participar a los gobiernos autonómicos en la gestión de los fondos Next Generation, una petición que ha llegado desde Cataluña, por ejemplo, con la petición del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, de contar con 30.000 millones de euros, con una campaña, de hecho, de la Generalitat en la que se da cuenta de que se podrá gestionar esos recursos en los próximos años.

El vicepresidente en funciones de presidente, Pere Aragonès, en el Palau de la Generalitat / GOVERN

Lago Peñas señala que, con la pandemia, el Ejecutivo central ha ofrecido mucho apoyo a las autonomías, y que se atreve a afirmar que se trata de uno de los esfuerzos más importantes que se ha realizado en un estado compuesto o federal. “Las comunidades tienen pocos motivos para quejarse y muchos para agradecer la protección que les está brindando la administración central”. Pero, a su juicio, esa misma actitud no se produce respecto a los fondos europeos. El argumento es que desde las comunidades se pueden lanzar proyectos con mayor viabilidad, con un conocimiento más exacto de la realidad. “Es un error la solución centralizada por la que ha apostado el Gobierno central”, ha señalado Lago, en una tribuna en El Mundo. Se trata de una crítica que también se ha producido en Italia, con su primer ministro, Giuseppe Conte, en una situación delicada por las críticas que le ha lanzado Matteo Renzi, hasta poner en riesgo la gobernabilidad del país.

Ayudar a las peor financiadas

¿Puede haber una propuesta aceptada por todos en España? Las autonomías son conscientes de un hecho, a corto plazo, y es que recibirán más fondos que nunca, por distintas vías, en este año y el siguiente. Lo señala Guillem López Casasnovas, lo que explica, en gran medida, la lucha partidista en Cataluña entre Junts per Catalunya y ERC para mantenerse en el poder. Lo que después se deba devolver al Gobierno central, entre 2022 o 2023 ya queda lejos y ya se buscará alguna vía intermedia, en función de la evolución económica y de la capacidad de recuperación de economías como la catalana. Respecto a esos fondos europeos, Santiago Lago plantea que la mitad de los fondos se preasignen a las comunidades, en función de la población de cada territorio.

Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo.

Pero hay otras fórmulas para salir del paso, a la espera de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aborde la reforma del modelo de financiación en esta legislatura, como se comprometió cuando accedió al poder. Una de ellas la plantea Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. Señala que la salida podría ser una “mini reforma” con los fondos Covid que anunció Sánchez en el peor momento de la pandemia, en primavera y con la reclusión social, ofreciendo más recursos a las comunidades que peor son tratadas por el modelo de financiación, entre ellas la Comunidad Valencia o Baleares. En el otro extremo está Cantabria, la mejor tratada por el modelo. Los recursos son los mismos, los europeos, pero lo que señala De la Fuente es que se asignen en función de lo que ya reciben por el modelo autonómico y que se reajusten a partir de los servicios que se necesiten prestar.

Negociación en el Congreso

Está en juego, sin embargo, la propia cuestión sobre cómo reformar el sistema. Mientras el Gobierno catalán se ha resistido durante los últimos años a participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que plantea De la Fuente es que la negociación ya no la protagonice ese foro, sino el propio Congreso de los Diputados, entre las diversas fuerzas políticas. Con ello se daría fin a disputas que acaban siendo un todos contra todos, porque los gobiernos autonómicos son egoístas y miran por lo suyo, según el economista, como ha indicado en un foro económico organizado por el Diario Montañés. En la práctica, eso supondría, o implicaría un acuerdo entre el PSOE y el PP, como mínimo, algo impensable en estos momentos, con la Comunidad de Madrid como la gran referencia del PP, pero con intereses que pueden chocar con el de otras autonomías en manos de los populares como Andalucía, Castilla-León o Murcia.

El economista y director de Fedea, Ángel de la Fuente

Precisamente, Madrid sigue siendo el centro de todas las polémicas. De la Fuente, al frente de Fedea, no considera que se deba caminar hacia una armonización fiscal, como reclamó Esquerra Republicana en la negociación de los presupuestos. A su juicio, los efectos de capitalidad de Madrid existen, pero no son determinantes. “Es importante, pero no le da una ventaja fiscal sobre las demás comunidades", señala, para defender que cada autonomía sepa manejar sus capacidades fiscales. Es decir, que la que desee ofrecer más servicios se responsabilice de ello con subidas de impuestos y las que ahorran servicios y bajan los tributos. Para premiar y castigar a los gobiernos autonómicos están los electores, que votan cada cuatro años.

En todo caso, el modelo precisa de una revisión que sigue sin llegar. Ahora hay que atender la pandemia, antes fue la crisis económica y financiera de 2008. Y el sistema ha vivido con sucesivos parches, porque se debería haber revisado en 2014.