El Tribunal Supremo anula las restricciones de producción al cava en Extremadura

El Alto Tribunal ha estimado de forma favorable los argumentos de la Junta, que ya ganó un recurso en primera instancia que a su vez fue recurrido por el consejo regulador del cava con sede en Vilafranca del Penedès (Barcelona). Según fuentes del sector, el fallo abre la puerta a la ampliación de las parcelas vitícolas destinadas a esta especialidad en Extremadura. El pasado diciembre, el Gobierno restringió a tan solo 0,1 hectáreas las plantaciones adicionales hasta 2022. Tras la sentencia, los agricultores confían en que esta cifra aumente sensiblemente, ya que la decisión no estará en manos únicamente de los productores de la DO Cava.

Argumentos del tribunal

El Supremo dictamina que el procedimiento llevado a cabo por Agricultura excluyó a la Administración extremeña, ya que no se contó con su participación a la hora de determinar el crecimiento de las vides. Máxime cuando la Junta solo puede asistir pero no votar a las reuniones de la DO Cava. "Pretender que con esa intervención sin posibilidad de cooperar, siquiera, a la formación de la voluntad del órgano, se cumple la exigencia constitucional, es una mera falacia", recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Crónica Global. 

Además, los magistrados consideran que el papel decisorio conferido al consejo regulador de la denominación de origen excede las previsiones de la normativa comunitaria. "Comporta una distorsión del régimen de autorizaciones, por cuanto establece un régimen singular que confiere privilegios a las recomendaciones cuando se trata de limitar las superficies para autorizaciones de nuevas plantaciones en el ámbito de una Denominación de Origen Protegida supraautonómica", dicta la resolución.

Comarcas. Una viticultora de cava del Penedès en época de vendimia / EFE

Euforia en Almendralejo

El tribunal asevera que las orientaciones de la DO Cava no pueden dejar fuera a las "minorías afectados por ellas", como es el caso de los agricultores extremeños. "Las recomendaciones deben valorar todos los intereses afectados, también los de quienes no puedan o no estén representados en los órganos de gestión", declara el tribunal. Por tanto, los magistrados anulan la ampliación decretada en 2018 por haberse realizado en base a "preceptos (...) viciados de nulidad de pleno derecho".

Los empresarios locales han acogido con euforia la resolución del Supremo, si bien señalan que llega con tres años de retraso. Luis Cortés, secretario de la patronal La Unión Extremadura, ha celebrado la decisión judicial porque considera que sienta un "precedente" y que facilitará el auge de un mercado incipiente en la región. "Actualmente producimos alrededor de seis millones de botellas y antes de la pandemia teníamos previsto llegar a los diez millones en dos o tres años. Eso son 1.400 hectáreas", señala. "La sentencia tiene más valor sentimental que real, pero en base a ella podremos pleitear si vuelven a limitarnos el aumento de los cultivos en Extremadura".

Un mercado en expansión

"En 2019, de las 377 nuevas hectáreas aprobadas por el Ministerio para todo el Estado, Almendralejo solicitó y se le concedieron 202 hectáreas de las mismas. Hablamos de un mercado con un potencial de crecimiento del 30% que hasta ahora estaba obstaculizado por motivos políticos", detalla el portavoz.

Cortés reconoce que el grueso de los viticultores operan en la comunidad catalana, pero reivindica la tradición cavista en el enclave sureño. "Cuando se creó la normativa de la DO Cava ya existíamos nosotros y las bodegas de Requena. No estamos aprovechando el tirón del cava catalán, existíamos antes". 

Defensa de DO Cava

La DO Cava, formada íntegramente por representantes catalanes, siempre se ha mostrado en contra de incrementar las cepas en Extremadura y en Requena (Valencia). Javier Pagès, presidente del organismo, justifica su negativa en base a un excedente de producción. "La DO Cava es la suma de los municipios que componen su territorio. En estos momentos existen más viñas en plantación que las que se necesitan para cubrir las ventas de cava", detalla en declaraciones a este medio. Hay que añadir que en enero de 2019 la denominación de origen sufrió la escisión de nueve bodegas del Penedès que fundaron Corpinnat, su propia organización para defender un método de crianza particular.

"Este desequilibrio genera una sobreoferta de uvas que causa una devaluación de precios que perjudica la rentabilidad de todo el sector y la propia imagen del cava", añade. Por otro lado, Pagès rebate las acusaciones de intervencionismo llegados de otros rincones del mapa nacional. "La normativa no es proteccionista sino que busca fomentar el valor del cava y responder a la necesidad de muchos consumidores amantes del buen vino que quieren comprar productos sabiendo su origen", sentencia.