Empresarios y economistas arremeten contra la ley de alquileres por ser un "auténtico fraude"

Una especie de resignación y de abatimiento. Las patronales Foment y Pimec y los economistas consultados no ven ninguna salida a la ley que aprobó este miércoles el Parlament para limitar los precios de los alquileres. Se trata de un “auténtico fraude”, señalan, porque sólo pretende “aparentar” que se legisla en beneficio de los más débiles, cuando serán los principales perjudicados, y de buscar el “choque” con el Gobierno central para poder decir después que el Estado español no deja gobernar a las instituciones catalanas.

La medida que aprobó el Parlament, con los votos de Junts per Catalunya, ERC, los Comuns y la CUP pretende limitar el precio de los alquileres en los 60 municipios con más de 20.000 habitantes. Salió adelante después de que JxCat amagara con no votarla, tras negociar hasta ocho enmiendas, que, en realidad, no modificaban el núcleo de la ley. Al final retiraron seis de esas ocho y transaccionaron las otras dos. Una en relación al “propietario vulnerable” y otra en referencia al incremento del precio del alquiler en el caso de que se acometieran obras de rehabilitación. Esa subida permitida, si se hacen obras, será ponderada al capital invertido hasta un máximo del 20% del precio del alquiler vigente.

Foment: "Paralizará el sector inmobiliario"

Las diferencias en el seno del grupo de JxCat provocaron que los cuatro diputados del PDECat votaran en contra de la ley, pero se trataba de un gesto sin un efecto práctico, porque la medida iba a salir adelante en cualquier caso. Fue una prueba, sin embargo, de que el espíritu convergente del PDECat se giró en contra de una ley que va en contra de los propietarios de viviendas, sean modestos o grandes tenedores.

Josep Sánchez Llibre / FOMENT

La patronal Foment se opone con “total claridad”, y espera que los grupos parlamentarios, pero, principalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez, presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional, lo que llevaría a una suspensión inmediata de la medida. La patronal Pimec señala que el gran peligro será que los “inversores retiren sus planes”, con lo que, en la práctica, se reducirá la “oferta de vivienda en alquiler”. En el caso de Foment la oposición es contundente. Lo manifestó en un comunicado en el que señala que la nueva ley "es un error mayúsculo que paralizará el sector inmobiliario y reducirá la oferta". Foment considera que "perjudicará a todo el sector y a la construcción de viviendas, amenazando la actividad económica hasta llegar a la parálisis y con el riesgo de provocar una contracción de la oferta".

Operación política

Pero también está en juego una operación política. Esa es la cuestión esencial de la ley, que han sacado adelante los grupos independentistas con el apoyo de los Comuns. El economista José García Montalvo, experto en el ámbito inmobiliario, tiene claro lo que se ha buscado: “Es una operación política, que tendrá efectos contraproducentes con lo que se dice defender. Hay un gran consenso en el ámbito económico sobre los efectos perniciosos de la limitación de precios del alquiler: se ha comprobado en Berlín o en San Francisco, o en la Venezuela de Maduro. Es pura propaganda y un fraude total, porque, precisamente, el precio del alquiler está bajando ahora, un 9% menos en estos meses, y se dirá que es efecto de la ley, cuando el descenso lo produce el mercado, de forma natural”.

La incidencia en la vivienda de alquiler se consigue “con planes de vivienda pública, con un estoc que se logra con el tiempo, algo que la Generalitat no ha hecho nunca”, señala García Montalvo.

Mercado negro

El también economista Gonzalo Bernardos, especialista en el sector, insiste que lo que se pretende “irá en contra, precisamente, de los colectivos que se desean proteger, porque habrá menos oferta, los pequeños propietarios preferirán vender, y los que no tengan un trabajo fijo y buenas condiciones tendrán muchas dificultades para lograr una vivienda en alquiler, ante el temor de los propietarios, muy preocupados ahora con los okupas”.

Al mismo tiempo, los dos economistas señalan que se producirá un “mercado negro”, porque, al no poder subir los precios por encima del anterior contrato, --una de las medidas que se incluyen en la ley-- se reclamará un suplemento en negro que se acabará pagando.

Josep Costa, vicepresidente del Parlamento catalán y diputado del partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya / EFE

¿Parlamento intervenido?

Pero detrás de la ley hay un “objetivo político”. Lo ha evidenciado el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, de JxCat, que ha mostrado su poca preocupación por los efectos prácticos de la ley. Lo que se pretende es forzar al Gobierno --un Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Podemos-- a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Si lo hace, el independentismo atacará tanto al PSOE como a los Comuns. En este caso, querrán dejar en evidencia a los Comuns, por votar en el Parlament a favor y no saber convencer a Podemos en Madrid. Y tanto Junts per Catalunya como Esquerra intentarán arrinconar al PSC, por negarse a votar a favor, a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez presente el recurso y se haga realidad lo que verbalizó Costa: “mostrar que el Parlament está intervenido”.

¿Legislación real a favor de los ciudadanos que quieran alquilar una vivienda? En ningún caso. Ni los empresarios ni los especialistas en el sector lo ven así. “Un economista como Krugman que me imagino que puede ser referencia en ese ámbito de la izquierda, tiene claro que una de las peores medidas es limitar el precio del alquiler”, sostiene García Montalvo.

Krugman lo expresó en su libro Contra los zombis. Economía, política y lucha por un futuro mejor (Crítica), al señalar que no es partidario del control de alquileres, “ya que restringe la construcción de nuevas casas y podría empujar a la gente a ser propietaria por la incapacidad de obtener vivienda de otro modo”.

Juego perverso

La operación política “es perversa”, según García Montalvo, porque la ley sólo se suspenderá de forma automática si es el Gobierno quien presenta el recurso ante el Constitucional. El PP ya ha anunciado que lo hará. Pero es el Ejecutivo el que tiene el papel clave, teniendo en cuenta que su socio de Gobierno, Podemos, ha secundado la propuesta en Cataluña.

La negociación de Junts per Catalunya con el resto de grupos, con el impulso del Sindicato de Inquilinos, acabó en una mejora mínima para los propietarios más modestos. Quedan excluidos los llamados propietarios en situación de “vulnerabilidad”. El Sindicato de Inquilinos quería que se incluyera en esa figura a los propietarios con ingresos de unos 1.200 euros, mientras que JxCat pretendía que fueran los que ganan entre 3.130 euros y 4.173 euros mensuales. Finalmente se incluirán a los que ingresan 2,5 veces el índice de Renta de Suficiencia (IRSC), y eso supone unos ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales. Los que quedan exentos, en cualquier caso, son los que tienen relación de parentesco y los contratos anteriores a 1995, situados fuera de la normativa.

El Consejo de Garantías Estatutarias consideró, tras el primer intento de aprobar la ley el pasado mes de julio, que la ley era inconstitucional. Pero el presidente Quim Torra, al señalar que ese dictamen no era vinculante, apoyó la ley y se reunión con el Sindicato de Inquilinos. La ley se aprobó este jueves en el Parlament, pero “no servirá de nada, al revés: será perjudicial para los ciudadanos”, remacha García Montalvo.