La propietaria de la sede de Mediapro está salpicada por un caso de corrupción urbanística que se remonta a los años 90 y por otro de presunta evasión fiscal que aún está abierto: la macrocausa contra el clan Pujol. Hines, a la que el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, vendió el edificio en 2018, presenta una hoja de servicios nada inmaculada en España, al menos en lo que judicialmente se refiere. Tanto es así que el exconsejero delegado de una firma que absorbió, Kepro, acabó condenado, fugado y muerto en Panamá. En paralelo, la Audiencia Nacional investiga si parte del dinero de Josep Pujol Ferrusola en Andorra procede de la inmobiliaria que adquirió Hines en 1999.
El grupo inmobiliario con sede en Houston (Texas) compró la sede de Mediapro en 2018. Se hizo con el 100% de las acciones de la sociedad Mediacomplex, participada por la constructora municipal Bimsa (33%) y el grupo que cofundó Jaume Roures (77%). En la operación, Hines pagó una deuda que mantenía Mediapro con su socio público mediante un fondo radicado en Luxemburgo, tal y como avanzó este medio. Además de esta extraña manera de recuperar un canon impagado por el conglomerado de Roures, nadie en el Ayuntamiento de Barcelona reparó, aparentemente, en que el comprador presentaba un currículum dudoso.
Hines, dueña de la sede de Mediapro, está salpicada por una trama corrupta / CG
Heredera de una empresa corrupta
En efecto, la senda trazada por Hines en España presenta lunares notables. La sociedad desembarcó en Barcelona en agosto de 1996 con la compra de Kepro International BV, una promotora que poseía los terrenos que darían a luz al barrio de Diagonal Mar. Kepro había comprado a Macosa en 1990 el 50% de la sociedad promotora del futuro barrio de los rascacielos de la Ciudad Condal. No obstante, la filial del grupo no aguantó el desarrollo de 1.200 millones de pesetas y presentó suspensión de pagos en 1995, con deudas cercanas a los 30.000 millones de pesetas, 180 millones de euros al cambio actual. En el descalabro quedaron atrapados la aseguradora Zurich, partner en la inversión, y el Instituto Municipal de Urbanismo.
Hotel Hilton Diagonal Mar, parte del desarrollo que llevó a cabo Kepro, primero, y su matriz Hines, después / CG
Llegaría entonces Hines al rescate de Kepro --acabaría el desarrollo del barrio en 2008--, pero ya era tarde. Sobre su filial pendía un macrocaso judicial por corrupción urbanística. En el epicentro del mismo se situaba John Rosillo. El español de origen tejano era consejero delegado de Kepro y había pilotado la operación de compra de los valiosos terrenos de Diagonal Mar en 1990. Aquella venta estuvo revestida de ilegalidad. Así lo determinó la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia emitida el 23 de marzo de 1999, cuando condenó a 18 personas a delitos vinculados por fraude fiscal urbanístico. Kepro había adquirido los terrenos a una sociedad pantalla Profimar, que había situado como testaferro a una persona con minusvalía. Esta peculiar mercantil sirvió a los propietarios para ocultar 200 millones de pesetas a Hacienda. Tras ello intentaron deshacerse del hombre-pantalla subiéndolo a un avión y enviándolo a Venezuela. El individuo deambuló por Caracas hasta que lo hallaron las autoridades, lo repatriaron a España y comenzó la investigación al detectarse que tenía un patrimonio inusualmente hinchado. Sobre la mesa estaban 8,5 millones defraudados a Hacienda.
Pagos a Josep Pujol
El proceso dejó una condena de 6 años y 6 meses de cárcel a John Rosillo. Éste se fugó y Panamá se negó a extraditarle a España, que le reclamaba también por un extraño accidente de coche en el que murió una persona. El CEO de Kepro-Hines falleció en 2007 en circunstancias extrañas en el Hotel Ambassador de la capital del estado centroamericano. No obstante, Hines acabó de construir tranquilamente Diagonal Mar. Volvería a aparecer en los titulares de la prensa nacional nueve años después. Fue en 2016, en el marco de la macrocausa que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) apuntó a Rosillo como presunto socio de Josep Pujol Ferrusola --hijo del expresidente catalán-- en Panamá. La policía cree que el directivo se "parapetó" tras el prófugo para canalizar dinero al paraíso fiscal.
Josep Pujol Ferrusola (i), llegando a la Audiencia Nacional a declarar con su hermano Pere / EFE
Tras ello, la Udef incorporó paulatinamente otros documentos a la causa --cuya sentencia se espera para 2021-- en los cuales figuraba el nombre de Pujol Ferrusola vinculado al de Rosillo, director general de la empresa que compró Hines. El tercero de los siete hijos del expresident era beneficiario de una fundación con domicilio en Panamá, Gesfund, a la que Rosillo había canalizado fondos al menos una vez, en 1997, desde otro paraíso fiscal: Curaçao.
El ayuntamiento vende la sede de Mediapro a Hines
Con estos antecedentes, y con el caso Pujol en plena instrucción en la Audiencia Nacional, nadie en el ayuntamiento reparó (o sí lo hicieron y no dijeron nada) en la venta de la sede de Mediapro a Hines. El cuartel general de 16 plantas lo gestionaba la empresa mixta Mediacomplex desde 2004, cuando el conglomerado audiovisual de Jaume Roures se mudó el rascacielos, situado en terreno municipal. No obstante, Mediapro jamás pagó el canon de 150.000 euros anuales, primero, y 250.000 euros, después. Generó una deuda total de 3,5 millones a la sociedad conjunta con Bimsa, inmobiliaria municipal. Hasta 2017. El ayuntamiento decidió subastar las acciones de Mediacomplex, pero el intento de venta quedó frustrado al quedar desierta la subasta.
Un año después, en mayo de 2018, el equipo de gobierno de Barcelona en Comú eligió un conocido comprador por venta directa: Hines. El gigante inmobiliario ofreció 18,6 millones por la sede del grupo de Jaume Roures y Tatxo Benet. De paso, enjugó los 3,5 millones de deuda al erario público. Nadie preguntó por qué un fondo radicado en un paraíso fiscal --Hines European Value Fund-- adquiría una sede por venta directa, si el ayuntamiento había firmado un protocolo antiblanqueo en 2016 [consultar decreto de alcaldía aquí]. Nadie investigó tampoco por qué este fondo pagaba la deuda de Roures y su empresa ni por los antecedentes de Hines, Kepro y Rosillo. Y la condena en firme por fraude fiscal vinculado a la corrupción urbanística o el vínculo de la filial de Hines con el caso Pujol. Nadie excepto fuentes de la oposición, que recordaron ayer que Ada Colau y su equipo, "quizá no habían elegido al comprador adecuado".