Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball / EP

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball / EP

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Foment reclama transferencias del Estado para reactivar la economía

El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, apoya la creación de un fondo Covid-19

30 abril, 2020 18:49

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido este jueves transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas para reactivar la economía y que las autonomías puedan afrontar los gastos sanitarios. En esta línea, ha apoyado la propuesta del vicepresidente de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, de crear el Fondo Covid-19.

Según Sánchez Llibre, ello debe hacerse "vía transferencias a las Comunidades Autónomas desde el Estado y no mediante créditos", según un comunicado de la patronal. En este contexto, ha precisado que "es muy importante desarrollar un plan de choque potente y eficiente para poder reducir los efectos de la crisis sanitaria en el ámbito económico y dar un impulso general a la economía".

La caída del PIB

Ha explicado que según el informe económico del primer trimestre de 2020 publicado este mismo jueves por la patronal, la tasa de variación de PIB ha pasado del 0,4%, en el cuarto trimestre de 2019, hasta el -5,2% en este último periodo de tres meses.

En cuanto a la tasa interanual, la caída ha sido del 4,1%, mientras que en el trimestre anterior aumentó un 1,8%, lo que significa una contracción de la economía de prácticamente seis puntos porcentuales.

Caída de hasta 22.500 millones

"El PIB de la economía catalana podría disminuir este año entre un 7,6% y un 8,8%, es decir, que la caída sería aproximadamente de entre 19.000 millones y 22.500 millones de euros", ha apuntado la patronal, coincidiendo con las previsiones de la Generalitat presentadas por Aragonès.

Foment apunta dos escenarios que incorporan el deterioro de la actividad económica derivado de la crisis sanitaria: en uno se asume una respuesta de política económica contundente que se refleja en una aceleración del gasto en consumo de la Administración y, en el otro, una respuesta menos contundente de las autoridades fiscales que se traduce en efectos más permanentes sobre el empleo y el tejido empresarial.