Ripollet defiende la municipalización del agua a partir de los informes del privatizador de ATLL

El Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona) vota este jueves, 27 de febrero, la municipalización del agua. Y lo hará, curiosamente, con base en las conclusiones de los estudios encargados a la empresa Capiol, dirigida por Leonard Carcolé, impulsor de la privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Unos informes que han costado 35.000 euros a los vecinos de la población.

La municipalización del agua de Ripollet es un asunto que el equipo de gobierno, Ara Decidim Ripollet (una mezcla de CUP y comuns), trata de abordar desde hace meses. Ya en 2018, el PSC se opuso --y recibió presiones por ello en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB)-- al cambio de modelo de la gestión porque "no hubiera significado una mejora económica, ni del servicio", en palabras del portavoz socialista, Ángel Tirado.

Más de 35.000 euros

Sin embargo, Ara Decidim Ripollet nunca ha tirado la toalla, y el pasado 1 de marzo (antes de las elecciones municipales), contrató a la empresa Capiol bajo el concepto de servicio de análisis de los documentos elaborados por la comisión de estudio de la gestión de abastecimiento de agua potable. El 1 de septiembre sumó otro contrato para realizar una adaptación técnica de la documentación de un estudio sobre la gestión del agua.

Ahora, Ara Decidim Ripollet se apoyará en los informes de Carcolé para instaurar el modelo de gestión directa del agua en la ciudad vallesana. Los dos contratos suman 17.545 euros y 17.908 euros, respectivamente. Es decir, más de 35.000 euros. Salvo sorpresa, votarán a favor de la municipalización del agua los grupos que conforman el gobierno municipal, mientras que la oposición votará en contra.

La justicia 'tumbó' la privatización

En cuanto a Carcolé, fue quien pilotó la privatización de ATLL mucho antes de cambiar sus intereses. Llegó a la presidencia de la Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente de Territorio, después de pasar por el Grupo Agbar. Y presidió ATLL hasta la venta a Acciona.

En relación a la privatización, la justicia la anuló, por lo que la Generalitat tuvo que indemnizar a Acciona.