La empresa que frenó el Hermitage cobró un millón de euros de Colau

La empresa que firmó el informe definitivo contra el proyecto de Museo Hermitage de Barcelona cobró más de un millón de euros de los gobiernos de Ada Colau en la Ciudad Condal. La consultora Intra (Ingeniería de Tráfico SL) es una adjudicataria habitual del ayuntamiento de la capital catalana. Solo en los últimos tres años ha participado de contratos públicos por valor de 1,062 millones de euros. A esta cifra se le suman ahora la parte de los 42.774 euros gastados por el gobierno municipal por tres informes contrarios a la subsede de la pinacoteca rusa.

El teniente de alcalde de Cultura, Joan Subirats, admitió ayer a preguntas de Ciudadanos que el bipartito de Barcelona en Comú y PSC pagó los citados 42.774 euros por cuatro informes desfavorables a la galería. La oposición afeó al Ejecutivo que el gasto se hubiera hecho con informes "ideológicos" de oposición al museo. Lo que no dijo Subirats es que, además, los expertos que avalaron la no idoneidad del Hermitage son socios habituales del ayuntamiento. Lo es, por ejemplo, el consultor Ole Thorson, quien firma un documento de movilidad durísimo contra la obra. Thorson y su firma, Ingeniería de Sistemas (Intra) han sido receptores de dinero público a cambio de servicios la pasada y la presente legislatura desde el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Ambas son instituciones que comanda la Colau, contraria a la inversión.

La empresa que frenó el Hermitage cobró un millón de euros de Colau / CG

Gana seis contratos...

La mayor tajada del pastel se la llevó el propio Thorson en compañía de un equipo multidisciplinar llamado unión temporal de empresas (UTE) KM Zero que diseñó la reforma de Las Ramblas. La coalición de empresas, que lideraba la arquitecta y exconcejal de Ciutat Vella Itziar González, se llevó 885.264 euros (IVA incluido) por sus servicios de redacción de cómo será el futuro bulevar barcelonés en 2017. En un equipo formado por una treintena de profesionales, Thorson formaba parte del equipo de urbanización.

En paralelo a ello, Intra, que preside el propio ingeniero de origen sueco, se hizo con otro contrato menor de 21.683,20 euros el mismo año (2017) para ayudar a diseñar la nueva red de bus de Barcelona. Al año siguiente, Intra ingresó bastante menos de la administración local para la que ha derribado (por encargo) el Hermitage: 57.071 para dos proyectos: un plan de movilidad y un contrato menor de Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals). Ya en 2019, con el cambio de legislatura --aunque no de primera edil, pues Colau revalidó puesto--, Intra facturó 98.720 euros por dos encargos: el servicio de diagnóstico de la movilidad de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) y el plan de desplazamiento de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), una participada del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

...y redacta un informe demoledor para BComú

Mientras facturaba todos estos contratos del gobierno de BComú y PSC, la consultora de Thorson elaboraba un informe muy crítico [consultar aquí] con el Museo Hermitage de Barcelona. Es, casualidad o no, la misma posición que ha defendido siempre BComú y su anterior comisionado de Cultura y ahora teniente de alcalde: Joan Subirats. El número dos de Ada Colau y la responsable de Urbanismo, Janet Sanz, citaron las conclusiones del informe elaborado por Ole Thorson para recalcar que el "no podía autorizar la inversión por responsabilidad". Lo que no dijeron Subirats y Sanz es que el informe de más peso de todos, el que prevé un colapso de tráfico si se abre el museo, lo firma un especialista que ha cobrado ingentes cantidades de dinero municipal en los últimos tres ejercicios.

Con respecto al resto de estudios, los 42.774 euros gastados por el Ayuntamiento de Barcelona sirvieron para pagar, por ejemplo, un informe elaborado por el filósofo Josep Ramoneda que estaba lleno de erratas tipográficas [consultar aquí]. Las otras dos investigaciones las firman el economista Xavier Cubeles del Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat) y los arquitectos María Rubert de Ventós y Álex Giménez Imirizaldu, ambos de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Los dosieres dieron munición al partido de Ada Colau para denegar la licencia al proyecto. Tras ello, el pleno municipal, a iniciativa del PP, aprobó una moción que da dos meses al Ejecutivo local para posicionarse definitivamente.