La Generalitat crea una brecha con los agentes sociales con su salario mínimo

El Gobierno de Quim Torra no ha sido capaz de eludir la polémica a la hora de anunciar que el “salario mínimo catalán digno y ajustado a la realidad socioeconómica del territorio debería llegar a los 1.239 euros mensuales”. Esta es la conclusión de un informe que se llevó al plenario del Consejo de Relaciones Laborales este jueves y que ha causado malestar con los agentes sociales del territorio. De nuevo, por las formas que ha seguido el Ejecutivo para dar a conocer las conclusiones de su análisis económico.

“No podemos hablar del estudio porque no hemos tenido tiempo de valorarlo”, reconoce la responsable de Acción Sindical de CCOO de Cataluña, Cristina Torre. Desde Foment del Treball se va un paso más allá. El director de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales de la patronal, Javier Ibars, manifiesta que “sin perjuicio de que consideremos que sí se debe subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la forma de trabajar esta materia es dentro de la concertación y el diálogo social con los agentes del territorio”. “Se tiene que mirar con seriedad y responsabilidad”, advertía el presidente de Pimec, Josep González, en un encuentro con los medios que tenía lugar en el mismo momento que la presentación del análisis.

Anuncio de la presentación un día antes

CCOO y UGT aplauden que se haya tenido en cuenta una de sus demandas más persistentes: que el SMI sea el 60% del salario medio del territorio, “tal y como indica la carta europea”, recuerdan tanto Torre como la secretaria de Política Sindical de UGT de Cataluña, Núria Gilgado. Esta última afirma que “mal rollo con la Generalitat no es la palabra” que se debería usar en el desencuentro acontecido --cabe tener en cuenta que el responsable máximo, el consejero de Trabajo, Chakir El Homrani (ERC), sale de este sindicato--, aunque reconoce que “hubiera estado bien conocer [el contenido del estudio] antes de su presentación”.

Fueron las patronales y los sindicatos los que exigieron al Govern que iniciase el estudio sobre cuál debería ser el salario más bajo en Cataluña tras los anuncios que hizo ERC a principios de agosto. Finalmente, se ha optado por la referencia comunitaria, pero sin el debate entre las partes durante el análisis. Ni siquiera se sometió a consideración de la mesa de coordinación del Consejo de Relaciones Laborales, el órgano de trabajo efectivo de este ámbito, tal y como explican los implicados.

Trabajo de debate para 2020

Patronales y sindicatos conocieron que se iban a presentar las conclusiones del análisis la jornada previa del encuentro, cuando se confirmó la presencia del vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (ERC), en el mismo. Fue entonces cuando se mostró el rechazo de que fuese una propuesta unilateral del Ejecutivo. Incluso se celebró un encuentro entre agentes sociales 30 minutos antes de que se iniciase el plenario para consensuar posiciones.

Al final, el Govern ha planteado el análisis como un punto de partida que ahora se deberá abordar en la mesa de coordinación. Abre la puerta de esta forma a conformar un espacio de diálogo específico sobre el SMI de referencia catalán, aunque el debate no se iniciará hasta 2020. No queda tiempo material en el calendario para convocar un encuentro antes de las fiestas de Navidad.

Falta de competencias

Las patronales aluden a la falta de competencias del Govern para poder regular sobre esta materia, cuestión que también es reconocida por la parte sindical. Gilgado señala que sí que se pueden abordar “ciertas fórmulas” para incluir una subida de salarios en la autonomía, a través de los convenios colectivos sectoriales y de empresas en concreto y mediante la “contratación pública”.

Esta es otra de las críticas que le ha caído a la Generalitat tras su anuncio. “La Administración Pública catalana tiene un 24% de temporalidad, una cifra más elevada que en el sector privado”, lamenta Torre. Recuerda que debería “tender a estar por debajo del 8%” y manifiesta que el Gobierno de la Generaitat tiene muchos deberes pendientes en este ámbito.

Álvarez y Sordo

Han sido los secretarios generales confederales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, los que han cargado más de frente contra lo que consideran que no es otra cosa que propaganda de la Generalitat con un recorrido muy limitado. “La pregunta es muy sencilla: ¿Piensan obligar a las empresas que subcontratan con la Generalitat a que paguen 1.239 euros de salario mínimo?”, inquiría el líder sindical catalán, “¿y los ayuntamientos?”.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo (i), junto a su homólogo de UGT, Pepe Álvarez (d) / EFE

Las críticas de Sordo han sido más frontales. “Es más fácil hacer lo que no se puede promover por competencias que lo que sí se puede”, ha sentenciado. La secretaria de Acción Sindical de Cataluña ha reclamado unos “presupuestos sociales” autonómicos para que se incluyan estas “cláusulas de retribución mínimas” en los pliegos de condiciones de las nuevas licitaciones que se lancen al mercado. Es decir, que dejen de beneficiar como hasta ahora únicamente la oferta económica más baja que implica precariedad laboral.

Aragonès se ha limitado a prometer ante los agentes sociales que impulsará otro “estudio de impacto” sobre esta materia. No está claro que las arcas catalanas puedan soportar el cambio que propiciaría, tal y como se reconoce desde la propia Generalitat. El SMI catalán de referencia no se podría aplicar entonces ni siquera en el ámbito público.