Acciona ha comunicado a primera hora de este viernes que ha vendido a un tercero el litigio final del caso ATLL, la pugna judicial con la Generalitat por cobrar los casi 1.000 millones de euros de indemnización pretendida. A partir de ahora será el fondo especializado en este tipo de conflictos, Fortress Investment Group, tal y como indican desde el sector, el que se encargue de ello.
La cotizada de la familia Entrecanales no ha hecho público el nombre del comprador. En el hecho relevante que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se limita a dar los detalles económicos de la operación, los que tiene impacto en la contabilidad de la gestora de infraestructuras. El fondo de inversión radicado en Nueva York (EEUU) ha abonado 170 millones de euros al grupo. Esta cifra corresponde a la indemnización que dan por descontado que el Gobierno de Quim Torra deberá pagar por el 76,05% de la participación que ostenta la cotizada en ATLL.
Pugna por la indemnización
Es decir, el porcentaje que le corresponde de los 305 millones derivados de la anulación del contrato. Acciona ha defendido desde el inicio de la segunda guerra del agua en Cataluña que la Generalitat no podía negarles el devengo de esta cantidad, que corresponde a la devolución del canon inicial que pagaron en el momento de la firma del contrato de concesión de ATLL y los pagos anuales que ha desembolsado a lo largo de los seis ejercicios siguientes.
Sí que se restan en este importe los 53,8 millones que el Gobierno catalán ha reconocido que tiene derecho de percibir en la liquidación provisional definitiva. El documento que la Generalitat entregó a la concesionaria del servicio poco antes del traspaso en la gestión de la compañía.
Pago de cuatro millones
Cabe tener en cuenta que Acciona y sus socios, el fondo Pioneer Point Partners y las familias Rodés y Godia-Torreblanca, no dejaron “de forma efectiva” ATLL hasta el pasado 1 de abril, tal y como confirmó el propio presidente de la cotizada, José Manuel Entrecanales, en la pasada junta de accionistas de la multinacional. Cuatro meses después de que la consejería de Territorio y Sostenibilidad, encabezada por Damià Calvet (JxCat), creara la sociedad pública que ahora está al frente de la gestora del agua.
Además, a pesar de reconocer que la indemnización asciende a los 53,8 millones, sólo ha abonado 3,98 millones de euros a la hasta ahora concesionaria del servicio. Tal y como avanzó Crónica Global, la vicepresidencia de Economía, liderada por Pere Aragonès (ERC), indicó en este abono que los hasta ahora socios en ATLL debían reclamar los 49,82 millones restantes al fisco. Eso sí, aseguró que en el caso de que la Agencia Tributaria les contestara de forma negativa al reembolso de los impuestos pagados por el contrato resuelto, las arcas públicas catalanas asumirían esta cantidad.
Pleito por daños y perjuicios
Todo ello forma parte del litigio que ha asumido Fortress. El reclamo a que el Gobierno catalán pague de forma íntegra y la compensación de los 305 millones por la anulación del contrato y los daños y perjuicios que habría generado en el grupo privado la resolución avanzad del contrato. Acciona ha mantenido que cuenta con varios estudios que apuntan a que esta parte de la indemnización podría alcanzar los 733 millones. Los acuerdos alcanzados en la operación con Fortress también implican percibir una parte destacada de este importe si los tribunales les dan la razón.
La Generalitat se ha negado en rotundo a asumir esta parte. Argumenta que la concesionaria firmó el contrato de ATLL con el conocimiento de que existía un litigio que no se había resuelto y que podría tener impacto en el futuro de la gestión. El que propició finalmente que el TSJC primero y el Tribunal Supremo después anularan la operación.
Fondo cotizado
Fortress es una compañía que cotiza en la bolsa de Nueva York desde febrero de 2007 y es propiedad de SoftBank desde hace poco más de dos años. Entre sus operaciones más destacadas está el apoyo que le brindó a la firma alemana IPCom GmbH en la demanda que esta inició contra Nokia por infracción de patentes en 2008, una pugna que se ha dado en varios tribunales con un resultado desigual.
Su filial de private equity controla desde los grupos de la tercera edad Holiday Retirement y Brookdale Senior Living hasta AirCastle o Florida East Coast Industries, firmas del sector del transporte. Da empleo a más de 2.500 personas en todo el mundo y sus últimos ingresos hechos públicos, los de 2006, alcanzaron los 1.100 millones de dólares. Ahora, peleará en los tribunales catalanes por la indemnización de ATLL.