La Generalitat y Acciona fían a los tribunales poner una cifra a la liquidación de ATLL

Cataluña está inmersa de nuevo en una guerra del agua cuya resolución se dará en los tribunales y no será precisamente menor. Está en juego el 0,5% del PIB catalán y el 0,19% del estatal, tal y como apuntan fuentes conocedoras de la pugna que mantiene el Gobierno catalán y el consorcio liderado por Acciona que aún gestiona Aigües Ter Llobregat (ATLL). El objetivo de la disputa es poner un precio a la liquidación, una cifra que está pendiente de pactar desde que el Tribunal Supremo ratificó la licitación del servicio en febrero de 2018. Las partes implicadas aceptan que será este mismo tribunal el que determine una cifra final.

Primero, deberá pronunciarse sobre ello el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La sección de lo contencioso-administrativo cuenta desde esta semana con los argumentos de las partes para realizar una primera prospección sobre la indemnización que debe recibir el gestor del servicio, una sociedad participada por la multinacional de la familia Entrecanales, las familias Rodés y Godia-Torreblanca, y el fondo Pioneer Point Partners.

A grandes rasgos, el Govern asegura que el contrato de ATLL es nulo de pleno derecho y no ha lugar a la compensación y el consorcio de privados mantiene que es anulable. Es decir, que sí se deben atender los compromisos económicos contraídos.

El principio de prudencia de la Generalitat

La Generalitat intenta limitar la factura al mínimo posible. Alega que la compañía era consciente de la complejidad de que el contrato de ATLL llegara al medio siglo de vida que se contemplaba en la concesión. El concurso público estaba judicializado y cuando se firmó, en los últimos días de 2012, estaba pendiente de que se emitiera una resolución. La que propició que el TSJC en 2015 y el Supremo hace 11 meses anulara todo el proceso.

Pero como no se quieren repetir errores fatales que pesen en un tribunal, desde las consejerías de Territorio y Economía se ha lanzado la directriz de que se debe ser lo más prudente posible. Se quiere limitar el impacto de la liquidación en las arcas públicas, pero sin prisas. Esto supone una ventaja respecto a la situación de 2012, cuando se tuvo que firmar el contrato e ingresar los 298 millones del canon inicial antes de que acabara el año para poder pagar las nóminas de los funcionarios de ese diciembre.

Demanda de Acciona

Las arcas catalanas están ahora más saneadas, pero tampoco se cuentan con los fondos necesarios par abonar la factura que pretende el consorcio de ATLL. Acciona ha reclamado 1.074 millones de euros. Se basa en un informe de PwC cuya conclusión es que el Gobierno catalán debe abonar 305 millones por las cláusulas de liquidación que se incluyen en la concesión y otros 769 por “daños y perjuicios”.

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona, durante un acto corporativo de la firma / EFE

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona / EFE

Fuentes próximas al Gobierno catalán aceptan que en el transcurso de la guerra del agua los tribunales pueden dar luz verde al pago de los 305 millones. Pero en ninguna de las contingencias que se han advertido desde la Generalitat se contempla compensar a los privados por la pérdida del servicio. Se recuerda que todas las partes eran conscientes de la inseguridad del contrato en el momento mismo de la firma.

Resoluciones de 2015

Acciona ha defendido incluso en sus escritos judiciales que se advino a ello porque el Gobierno catalán de ese momento, el de la primera legislatura de Artur Mas, le amenazó con considerar que rechazaba ATLL. Un escenario que les hubiera llevado a perder los 70 millones que se consignaron junto a la plica y a ver como se formalizaba la concesión con el segundo competidor, Agbar. El grupo que había instado el proceso judicial.

También aseguran que juega a su favor la sentencia del TSJC de 2015. Parte de su defensa legal se basa en que los magistrados decretaron que la Generalitat era la culpable del desastre de ATLL. Se recuerda que la resolución fue extremadamente dura con el Gobierno catalán y que las comparecencias parlamentarias que los consejeros de Territorio y Economía hicieron en ese momento, Santi Vila y Andreu Mas-Colell, se estimó en 280 millones el coste de la liquidación.

Sin provisión presupuestaria

Incluso se apunta a que se provisionó esta cantidad en los presupuestos de 2016. Fuentes de la consejería de Economía señalan que nunca se ha realizado el apunte contable porque no ha existido un pacto en firme sobre la liquidación. Indican que hasta que no se llegue a este escenario --es decir, cuando un tribunal decrete el detalle--, no se realizará.

Damià Calvet, consejero de Territorio de la Generalitat, que gestiona la liquidación de ATLL / JxCAT

Damià Calvet, consejero de Territorio de la Generalitat, que gestiona la liquidación de ATLL / JxCAT

Mientras la sala analiza el fondo de la discrepancia, tiene pendiente contestar un segundo proceso que discurre de forma paralela. El Govern anunció al consorcio a finales de diciembre que deberían abandonar las instalaciones de ATLL, ya que se considera que la gestora de agua es una empresa pública desde el 1 de septiembre. Acciona respondió con una demanda ante el TSJC para que frenara su salida como medida cautelar. Manifestó que el Ejecutivo se había comprometido anteriormente a no realizar el cambio en la gestión hasta que no se acordara la indemnización.

Territorio matizó esta declaración en su escrito de alegaciones, que se presentó el 11 de enero. Defendió que no existe ningún pacto en este sentido y que se puede cambiar al director de ATLL sin necesidad de que ello afecte a la disputa económica.

Desahucio administrativo

Existe un tercer escenario en que el Ejecutivo catalán y el consorcio liderado por Acciona se pelean: la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat. Este organismo, adscrito a la vicepresidencia de Economía, ha instado este enero un proceso de desahucio administrativo para recuperar los activos de ATLL. La propiedad pública nunca ha estado en duda, pero se pide de este modo acabar con la gestión concesional.

El vicepresidente del Govern y dirigente de Esquerra, Pere Aragonès, en el Parlament / EFE

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, en el Parlament / EFE

Se justifica la actuación por las sentencias anteriores de la guerra del agua. De forma concreta, con la resolución del Supremo de febrero de 2018 que instaba a la Generalitat a actuar tras constatar que la licitación se había invalidado. También se considera que la decisión final que tome la dirección de patrimonio no colisionará con la resolución de las cautelares del TSJC porque son dos procedimientos diferentes.

Acusación de confiscación

El consorcio liderado por Acciona, que reconoce que nunca se había imaginado llegar a este extremo, ha acusado al Gobierno catalán de actuar de forma confiscatoria. Asegura que se quiere quedar con los 298 millones que se pagaron como canon inicial y con los pagos que se han realizado en los últimos cinco años. Además, se recuerda que en diciembre se pagaron los 17 millones que estaban marcados en el contrato como canon anual. La prueba más evidente de que esta relación con el Gobierno catalán sigue viva y, por lo tanto, se debe compensar, según esgrimen en los argumentos legales.

La guerra del agua va para largo y los socios de la familia Entrecanales amenazan con llevar el caso a los tribunales internacionales. Las espadas están en alto aunque, por el momento, el consorcio liderado por Acciona sigue al frente de ATLL.