Macrodemanda para tumbar el 'cerrojazo' de Barcelona a Uber y Cabify

Acción judicial titánica para tumbar el cerrojazo que ha impuesto Barcelona a Uber y Cabify. Los grandes despachos de abogados, con Garrigues como rompehielos, se han conjurado para embestir y tumbar el nuevo reglamento metropolitano que limita la operativa de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

La sede barcelonesa del prestigioso bufete que dirige Fernando Vives Ruiz acogió el miércoles una reunión bipartita entre letrados de la oficina y los operadores de estos permisos. Durante el encuentro, del que han informado fuentes conocedoras, se dejó claro que la nueva normativa tendría las patas cortas, esto es, que como ya ocurrió con el reglamento anterior de 2018, que imponía la proporción 1 VTC por cada 30 taxis, acabará invalidado por la justicia. Ello será posible, han explicado las mismas fuentes, mediante un recurso a la sala tercera del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tiene un conocimiento pormenorizado del sector del transporte y que ya anuló el texto restrictivo anterior. Las fuentes consultadas dan por hecho medidas cautelares que desactiven el reglamento.

"Electoralista para contentar al taxi"

Fuentes del sector han recordado que el nuevo texto normativo, que adapta el decretazo autonómico y lo endurece, ampliando de 15 a 60 minutos la obligación de precontratar, "se aprobó a cinco días de las elecciones". Pasó el corte en el pleno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) --leer orden del día aquí-- con los votos de Barcelona en Comú (BComú), PSC y la CUP. Ciudadanos y PP votaron en contra, mientras que JxCat y ERC se abstuvieron. Los dos independentistas adoptaron una posición tibia en la votación pese a que en febrero ya pusieron en marcha las primeras trabas a las VTC en Cataluña con un decretazo que provocó la marcha definitiva de Uber de Barcelona y la temporal de Cabify.

"La aprobación de incluso más medidas contra los operadores de VTC es inaceptable. Se produjo a cinco días de las elecciones municipales y para contentar al sector del taxi", se han quejado directivos del sector a este medio. "Algunos partidos, en particular Podemos y Barcelona en Comú, parecen decir a los taxistas que les aprueban un decreto contra sus competidores para que les voten", ha agregado el mismo profesional. "Algo similar que lo ocurrido en Barcelona sucedió en Madrid con las restricciones que impuso la alcaldesa Manuela Carmena a Uber y Cabify. La politización del sector del taxi, que es un servicio público, ha sido bestial", han lamentado.

Unauto: "Es una barbaridad legislativa"

Cualquiera que fueren las consideraciones del sector, lo cierto es que el reglamento metropolitano que limita la explotación de las VTC encajará un aluvión de recursos. Además de los operadores privados que prestan servicio para Cabify, la patronal Unauto ya ha puesto en marcha sus servicios jurídicos para dejar sin efecto el restrictivo texto. Así lo explicó ayer Eduardo Martín, presidente de la organización empresarial. "Se están realizando las primeras consultas legales para estudiar a fondo el texto y recurrirlo. Ello es así porque nos parece una brutalidad legislativa", defendió el directivo. En conversación con este medio, Martín recordó que con el decreto ley aprobado por la Generalitat de Cataluña en febrero "ya provocó la fuga de la mayoría de empresas y el mayor expediente de regulación de empleo (ERE) de la historia". Ahora, si el reglamento metropolitano continúa en vigor, el ejecutivo augura "más trabas".

"No se entiende que una ciudad como Barcelona, que presume de atraer talento internacional y pugnar para el 5G, se quede sin Uber o Cabify. No se entiende porque los turistas, cuando llegan, se sorprenden de que la app no les funcione y envían correos a las compañías. La imagen es dantesca", ha lamentado el responsable de Unauto. Según él, el taxi compite en los clientes que capta "con la mano alzada y la precontratación". Cuando los VTC han entrado en este último segmento, ya que no captan en la calle, las autoridades "han protegido su monopolio".

Cabify: "Contraria a derecho"

Preguntado por la cuestión, una portavoz de Cabify ha preferido no revelar si la intermediaria de transporte se ha sumado al macrorrecurso que preparan diversos bufetes de abogados, con Garrigues como punta de lanza. Se ha remitido la representante al comunicado que emitió la tecnológica el miércoles, cuando el AMB aprobó el nuevo reglamento metropolitano de las VTC. "Cabify quiere sumarse a ese diálogo de forma constructiva pero, al mismo tiempo, reitera su posición contraria a cualquier limitación del sector injustificada, desproporcionada y que pueda ser contraria a derecho", rezaba la nota pública.

La valoración de la firma que fundó y capitanea Juan de Antonio como consejero delegado podría, en efecto, llegar más lejos. De hecho, Maxi Mobility Spain, la sociedad mercantil que da armazón a Cabify en España ya entró alegaciones a la nueva normativa durante el periodo acotado para ello. Asimismo, la operadora recurrió también el anterior reglamento metropolitano que imponía la proporción 1:30 en Barcelona y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió cautelarmente. Maxi Mobility ha comparecido también de forma sistemática en los procesos judiciales contra el sector que se han dirimido en diversas instancias en todo el país.