La desesperación de los pequeños inversores atrapados en Vall Banc

“Esto no es un corralito, es un cepo”. Así explica la situación que vive desde hace más de cuatro años un pequeño inversor que pide el anonimato y que ha visto como el casi millón de euros que tenía en renta variable de BPA se quedaron en el limbo cuando se migró toda la operativa a Vall Banc.

Su caso no es único. Forma parte de un grupo de clientes que pasaron el examen que hizo PwC sobre la pulcritud de la operativa que tenían en la entidad de Andorra en los primeros meses de 2016. En ese momento ya se denunció un minicorralito por el límite que la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) impuso para vender activos fuera de balance en un primer momento. Este control se superó, pero cuatro años más tarde la situación se mantiene para un grupo de inversores que operaban a través de un operador situado en Suiza.

Problemas en Suiza

Es allí donde se encuentran los problemas de este grupo de inversores de perfil diverso, señalan fuentes conocedoras de la situación. Sus activos están retenidos y no pueden obtener liquidez a través de ellos por la fórmula que se usaba en Andorra para vehicular este tipo de inversiones.

De entrada, se debe tener en cuenta que en el Principado funcionaba el secreto bancario cuando se firmaron todas las operaciones. Por este motivo las adquisiciones de renta variable en territorios diversos no se hacía a nombre del cliente, se adquiría en el de BPA y se contaba con una red de agentes que permitiesen mantener el anonimato a los que estaban detrás de estas operaciones. Entre ellos, Crédit Suisse.

Imagen de una oficina de Credit Suisse, donde los inversores de Vall Banc tienen atrapados sus activos / EE

Imagen de una oficina de Credit Suisse, donde los inversores de Vall Banc tienen atrapados sus activos / EE

Denuncia de un grupo panameño

Los clientes afectados por el cepo se encontrarían todos ellos en una misma cuenta en la corporación helvética que se estima que supera los 400 millones de euros. Se trataría de un producto con una figura similar a las llamadas cuentas omnibús, una especie de cajón de sastre en el que se incluyen las operaciones de todos los clientes.

Igual que en otros territorios donde existían operaciones del mismo perfil, se esperaba que Vall Banc recuperase el control de los activos en un periodo razonable de tiempo. Pero para este grupo de inversores aún no ha llegado por la judicialización del caso. Los mismos interlocutores señalan que el recurso judicial que presentó un grupo panameño para intentar recuperar las inversiones que tenían en BPA han dejado en manos de la justicia helvética el futuro de los fondos.

Resolución judicial

Señalan que los inversores transoceánicos buscaban proteger sus activos porque se habrían quedado atrapados en la maraña burocrática de la migración de BPA a Vall Banc al no pasar la auditoría de PwC. El proceso ha sido muy discutido por los clientes que se han visto atrapados en él, y los responsables de la sociedad jurídica de Panamá habrían decidido litigar por sus derechos económicos en los otros países donde mantienen el conflicto ante la falta de confianza en la justicia andorrana.

Si se liberase los activos fuera de balance, sus bonos se quedarían también en BPA y como están a nombre del banco podrían llegar a ser considerados parte de la masa concursal en el proceso de liquidación que aún se debe abordar.

Por el tiempo que ha pasado se espera que la resolución judicial en la corporación helvética llegue en breve. Pero acumula un retraso ya destacado que hace temer que el magistrado se haya tomado con calma el análisis del caso.

Pago de impuestos

Todo ello ha llevado al límite a los pequeños inversores. Explican que se empiezan a quedar sin líquido y que, a pesar de tener reconocido el valor de los bonos en sus cuentas, no pueden usarlas. Señalan que Vall Banc no les ofrece ningún producto crediticio con condiciones especiales para compensar la situación ya que no es el responsable directo de su problema, como tampoco el Gobierno andorrano o la AREB que se han puesto de perfil.

En contrapartida, sí deben abonar a la entidad del Principado los costes de la comisión de custodia y atender a sus impuestos de Patrimonio. Todo ello, con cada vez menos ahorros y sin posibilidad de iniciar una causa ante la Batllia, ya que consideran que dispone de poco margen para actuar. Reclaman que las autoridades andorranas que propiciaron la intervención de BPA muevan ficha e intenten hacer presión para conseguir que Suiza resuelva el caso y libere sus fondos.