El Govern duda ahora de su ‘ciudad de los funcionarios’, investigada por Antifraude

Estaba llamada a ser la gran operación de ahorro de la Generalitat. La concentración de consejerías en un edificio de la Zona Franca de Barcelona –donde, a modo de avanzadilla, está situada la Agencia Tributaria de Cataluña—fue la gran apuesta del exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell para reducir costes administrativos en plena crisis económica--. Sin embargo, tanto el calendario como el ahorro definitivo que supondrá ese proyecto están en el aire. Así lo admite la propia Generalitat en un informe, al que ha tenido acceso Crónica Global.

Los funcionarios han expresado su inquietud respecto a la falta de transparencia de una operación que en principio contempla el traslado de 2.200 personas de tres consejerías en el primer trimestre de 2020. Asimismo, fuentes de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) han confirmado a este diario que mantiene abierta la investigación sobre la denuncia presentada en 2015 por CCOO contra el ex director de Patrimonio de la Generalitat, Salvador Estapé, al que acusan de supuesto trato de favor en la operación urbanística que desarrolló Axa Real State a través de la filial Zumarán Inversiones.

El ex director general de Patrimonio, Salvador Estapé, y los terrenos en los que se ubicará la 'ciudad de los funcionarios'

El ex director general de Patrimonio, Salvador Estapé, y los terrenos en los que se ubica la 'ciudad de los funcionarios'

Las dudas sobre el ahorro final de esa ciudad de los funcionarios se expresa en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de Ciudadanos, José María Cano, quien se interesó por el traslado de las dependencia administrativas en el marco de la primera fase del proyecto Distrito Administrativo de la Generalitat.

Sin concreciones

El vicepresidente económico Pere Aragonès explica que el inicio de las obras de adecuación interior del edificio está previsto para los primeros meses de 2019, con un tiempo de ejecución de 12 meses para las plantas de oficina y de 18 meses para la planta baja y aparcamiento. Explica Aragonès que “en estos momentos está pendiente de la decisión de concreción de las unidades que se ubicarán en el complejo de oficinas de la primera fase del distrito administrativo de la Generalitat por parte del Comité Estratégico de Operaciones de Concentración de Dependencias Administrativas de la Generalitat en Barcelona”. Por tanto, añade, “no se puede concretar todavía el número de personal afectado por cada unidad ni los criterios de ocupación y las propuestas de asignación de espacios entre estas unidades”. Sí se calcula que las primeras unidades se puedan trasladar durante el primer trimestre de 2020.

“Falta información y transparencia en este proyecto, que se remonta a la época del consejero Mas-Colell, y cuya finalidad era ahorrar dinero. Pero alquilando un edificio ¿qué se gana? ¿No hubiera sido mejor un inmueble propio?”, se pregunta el diputado Cano. En este sentido, la Generalitat calcula que la operación puede comportar un ahorro de 83,3 millones de euros netos. Una cifra que el parlamentario de la formación naranja no ve demasiado elevada para 20 años de alquiler y tres de puesta en marcha.

Pendiente del calendario y los precios de mercado

De hecho, es el propio Govern el que ahora cuestiona la cifra total de ahorro en un informe de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat al que ha tenido acceso Crónica Global. En el mismo se concreta las fases del proyecto y concluye que “la operación de concentración de dependencias administrativas de la Generalitat al nuevo edificio, ubicado en el barrio de la Marina de Port (1ª fase del Distrito administrativo) es una operación de eficiencia, que comporta importantes ahorros de costes directos (rentas) e indirectos (servicios y suministros asociados a los inmuebles). Ahora bien, respecto a la estimación realizada, se pueden producir variaciones relevantes debido principalmente a las unidades que finalmente se trasladen y del grado de cumplimiento de los calendarios de ejecución previstos, entre otros”.

informe ciudad funcionarios

Parte del informe sobre el ahorro de la 'ciudad de los funcionarios'

“Se debe tener muy en cuenta –añade—los precios de mercado de alquiler de oficinas en el centro de Barcelona, que ha experimentado un incremento de precios importante en los últimos años, y la previsión es que este incremento continúe”. Una situación que, en principio, beneficiaría al Govern dado que las rentas en el barrio de la Marina son “muy competitivas”.

Orígenes del proyecto

El proyecto parte del Pla de racionalización y optimización de espacios, aprobado por el acuerdo del Govern de 2 de julio de 2013, que contemplaba una nueva estrategia de eficiencia en la gestión de los inmuebles de uso administrativo. Esta hoja de ruta tenía como misión realizar una gestión más eficiente de los espacios ocupados por los servicios administrativos de la Generalitat, consistente en reducir los costes de alquiler y de servicios.

Dos años después, la Generalitat firmó un contrato de arrendamiento, por un período de 20 años, de un edificio en la calle Urani 8-10 de Barcelona, con una superficie de 46.000 metros cuadrados y una capacidad para 2.800 personas, que constituye la primera fase del Distrito Administrativo de la Generalitat.

En enero de 2017 se creó el Comité Estratégico de Operaciones de Concentración de Dependencias Administrativas de la Generalitat y el Programa para la puesta en funcionamiento de la primera fase del proyecto, cuyo coste asciende a 50 millones de euros para el período 2016-2020. La partida más importante corresponde al proyecto y a las obras de implantación (55,89%), seguida del mobiliario (18,11%) y del equipamiento TIC (16,18%). La distribución de coste por anualidades contempla que en 2019 se destinen 34,1 millones de euros, el grueso del total.

Quejas de CCOO

La semana pasada, CCOO denunció la falta de información a los funcionarios sobre la puesta en marcha de este Distrito Administrativo y el traslado previsto para el primer trimestre de 2020. “Pedimos participar de manera activa en esta fase final para hacer propuestas en temas laborales, de prevención de riesgos y, sobre todo, en lo que hace referencia a los temas de movilidad”, afirma el sindicato. En este sentido recuerda que la línea de Metro L10 Sur que accede al nuevo edificio “todavía tiene estaciones en obras, no operativas”.

Se da la circunstancia de que, en el verano de 2015, CCOO de Cataluña envió dos escritos a la Oficina Antifraude --organismo encargado de prevenir e investigar el fraude en las administraciones catalanas-- en los que denunciaba que el exdirector de Patrimonio de la Generalitat, Salvador Estapé, habría facilitado la operación urbanística que desarrolla Axa Real State a través de la filial Zumarán Inversiones.

Tal y como informó este diario, en la documentación aportada a Antifraude el sindicato acusaba a Estapé de allanar supuestamente el terreno para que el fondo inmobiliario de la aseguradora francesa se quedara con la ejecución del proyecto. Fuentes de la OAC han explicado a este diario que la investigación sobre este presunto trato de favor sigue su curso y permanece en fase de instrucción a la espera de resolver si, finalmente, hubo irregularidades administrativas o penales en esa adjudicación.