La Generalitat pagará 64.500€ por retrasar el traslado de la Agencia Tributaria a la Zona Franca

El traslado el próximo 4 de abril de los trabajadores de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) de la actual sede de la calle Fontanella, en el centro de Barcelona, al Paseo de la Zona Franca va a salir caro a las arcas públicas catalanas. Si se cumple el plazo que la agencia ha comunicado a los trabajadores, el Govern de Carles Puigdemont deberá pagar un total de 64.500 euros al fondo Ziscal Inversiones 2012 en concepto de “retraso en la desocupación del edificio”. Y eso será lo mínimo.

La anterior Consejería de Economía, encabezada por Andreu Mas-Colell, pactó con los representantes españoles de la firma la “desocupación temporal por parte de la Generalitat de Catalunya desde el 15 de febrero del 2016 de la total superficie arrendada con el fin de que la parte arrendadora ejecute a su cargo las obras de adecuación” del edificio. Es decir, transformar la planta baja y el primer piso en una tienda de la cadena MediaMarkt.

1.500 euros por día de retraso

Ziscal Inversiones, administrada de forma solidaria por el consejero delegado de Avignon Capital, Eric Mournier, y el socio director de Cushman Wakefield Robert Travers, se cuidó de añadir una cuantiosa penalización económica por los retrasos. El contrato firmado, al que ha tenido acceso Crónica Global, dice textualmente que “en el caso de incumplimiento del plazo establecido para la desocupación, la Generalitat de Catalunya estará obligada a abonar a la parte arrendadora, como penalización pactada por las partes, la cantidad de 1.500 euros por cada día de retraso de la desocupación”.

El fondo “otorga una semana de gracia a la parte arrendadora, de manera que la penalización empezará a meritarse el 21 de febrero de 2016”. Lo mejor de todo es que la Generalitat no romperá su relación con Ziscal Inversiones tras abonarlos 64.000 euros por el retraso reconocido.

Condiciones de la venta en 2013

Mas-Colell firmó en febrero de 2013 un contrato de sale and leaseback con el fondo. Es decir, cobró 25 millones de euros al vender la propiedad del inmueble pero garantizó que la Administración arrendaría las oficinas de calle Fontanella hasta 2033 a la razón de dos millones de euros anuales.

La rentabilidad de la operación se puso en duda desde el primer momento porque, de entrada, las arcas públicas no ingresaron 25 millones de euros líquidos al desprenderse del activo. La consejería de Economia tuvo que restar los préstamos vivos asociados al inmueble que redujeron la aportación hasta una cifra que nunca se ha reconocido abiertamente. El negocio para Ziscal era redondo. Sólo con los 20 años de alquiler de la Generalitat se llevaba 40 millones.

Datos concretos de la operación

Mas-Colell siempre defendió que la operación propiciaba un ahorro del 41% en concepto de alquiler al que se debía añadir un 11% adicional por costes indirectos (suministros y servicios), sin detallar los datos. El comité de empresa de la ATC  los pone en duda desde hace tiempo, especialmente desde que conoce el peaje que deberá abonar por los retrasos.

Ahora incrementan la presión sobre la dirección de la empresa pública al exigir el informe económico que justifique el presunto ahorro con el que el ex consejero argumentó el traslado. También quieren saber si la modificación del espacio disponible para la Generalitat supone un ahorro en el alquiler anual pactado en 2013.

Traslado del personal de Vía Laietana 14

La Administración pierde dos plantas, pero se queda con el resto del inmueble. Los planes del anterior gobierno eran trasladar allí al personal del que entonces era el departamento de Presidencia que trabaja en el número 14 de Vía Laietana hasta la calle Fontanella.

Los sindicatos muestran de nuevo sus reparos con la operación. Indican que el alquiler de Vía Laietana es de 1,15 millones de euros anuales, por lo que el traslado implicaría pagar 850.000 euros anuales más. 

Planes de traslado

La dirección de la ATC tiene pendiente contestar a la petición del comité de empresa. Mantiene por el momento sus planes de traslado. El 19 de marzo un primer equipo de 50 personas con formación técnica desembarcarán en la Zona Franca para verificar que todo funciona correctamente en el edificio T, complejo de oficinas donde irán a trabajar, al lado de la sede provisional de Aguas de Barcelona (Agbar).