El Gobierno catalán dispone desde hace casi una semana de las resoluciones judiciales necesarias para aterrizar en Aigües Ter Llobregat (ATLL) y asumir su gestión. El departamento de Territorio y Sostenibilidad, encabezado por Damià Calvet (JxCat), tiene pendiente dar las instrucciones necesarias para sustituir al consorcio liderado por Acciona que hasta la fecha ha controlado la gestora del servicio. Este es el punto actual de la guerra del agua en Cataluña, un conflicto que también tiene sus beneficiarios. Entre ellos, Laia Bonet.

La que fue mano derecha del presidente José Montilla (PSC) durante tres años, aterrizó en la compañía en febrero de 2015. La multinacional de la familia Entrecanales la nombró directora adjunta a la presidencia, un cargo al que llegó con el visto bueno del resto de socios del consorcio.

Relaciones institucionales

Aprobaron que Bonet se encargara básicamente de las relaciones institucionales el grupo de inversores privados formado por las familias Rodés y Godia-Torreblanca, además del fondo de inversión internacional Pioneer Point Partners. La firma británica se incorporó en el negocio del agua en Cataluña más tarde, casi 10 meses después de que la ejecutiva asumiera el encargo de defender los intereses de los socios ante diversos ámbitos.

Aún realiza estas funciones. La directora adjunta a la presidencia fue la gran defensora de los intereses de Acciona hasta que la compañía de los Entrecanales fue derrotada en los tribunales. Más tarde, ha sido otro de los altavoces que han asegurado que el consorcio disponga de los argumentos necesarios para reclamar 1.074 millones de euros de indemnización a la Generalitat al perder el servicio por el fallo judicial. La cifra contempla los 305 millones de coste de liquidación del contrato vigente y otros 769 en concepto de daños y perjuicios.

Cifrar una indemnización, la batalla actual

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declinado mantener al grupo de empresarios privados al frente de ATLL como medida cautelar hasta que no se resuelva el conflicto sobre la indemnización. Por lo que ahora la guerra del agua se centra en exclusiva en definir qué se debe pagar a Acciona y a sus socios al rescatar el servicio. Y ese ha sido justamente el papel principal de la que fuera líder socialista en tiempos del tripartito.

La tesis que se defiende desde el consorcio es que el contrato de concesión es anulable y no nulo de pleno derecho. Se trata de una consideración técnica pero que justifica la diferencia abismal entre la compensación económica que demandan los antiguos propietarios de la compañía suministradora y las dos liquidaciones provisionales que ha dado a conocer la Generalitat.

Propuestas de la Generalitat

La consejería de Territorio parte de la base que desde el momento en el que el Tribunal Supremo ratificó que la concesión pública de ATLL debía desaparecer por los errores en el proceso, la relación contractual ha decaído por una causa de fuerza mayor.

La comisión liquidadora, encabezada por Ferran Falcó, reclamó a principios de noviembre 38,42 millones de euros al consorcio privado. Corrigió el cálculo en diciembre y reconoció que debía pagar 53,86 millones, aunque el consejero Calvet dejó la puerta abierta a finales de enero a presentar una tercera propuesta que aún se debe definir. Acciona y sus socios les han acusado de “afán confiscatorio”, una valoración que hasta la fecha no ha sido aceptada por los tribunales.

Subrogación de la plantilla

Este conflicto es el que ocupa a Bonet. Lo ha hecho en los últimos cuatro años y aún mantiene la relación contractual con ATLL. Como cualquier otro trabajador de la compañía, la directora adjunta espera conocer las condiciones concretas que aplicará la Generalitat para subrogar a la plantilla. Es decir, cómo se realizan las altas a la Seguridad Social de unos 250 empleados del consorcio privado que trabajarán para la empresa pública de nueva creación que asume el servicio.

Territorio ha asegurado que no se realizarán bajas en el proceso, aunque se da por sentado que se amortizarán los empleos de la cúpula. Los directivos podrían invocar sus derechos laborales, aunque, por ahora, la guerra del agua aún no ha entrado en este capítulo. De proseguir en la compañía, pero ya bajo titularidad pública, Bonet no podría defender los mismos intereses privados que hasta la fecha.

¿Regreso a la política?

Mientras el futuro de Bonet en ATLL está en el aire, crecen los rumores sobre su posible regreso a la política en activo. Dejó de ser diputada y portavoz adjunta primera del PSC en el Parlament en noviembre de 2012, cuando dio un paso atrás y regresó a la universidad. Ha mantenido siempre una vinculación estrecha con los socialistas catalanes y ha participado de forma activa en los actos de la formación encabezada por Miquel Iceta.

Ahora, suena para hacer tándem con Jaume Collboni en la candidatura por Barcelona de las municipales de mayo. Bonet ha participado de nuevo en algunos actos públicos junto al responsable de los socialistas locales, aunque desde su entorno dejan claro que aún no ha confirmado si quiere volver a saltar al ruedo electoral. Por ahora, sigue en ATLL a la espera de que se disipen las dudas de su futuro más inmediato.