El ACA da marcha atrás en la subida del agua de ATLL

El consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha aprobado este miércoles la suspensión cautelar del incremento de la tarifa del 11,8% de Aigües Ter Llobregat (ATLL). Una polémica subida del coste del agua en alta que aprobó el pasado 28 de diciembre y que conllevó a la oposición de todo el municipalismo.

No es el consumidor final quien paga directamente este mayor coste del servicio. Lo deben asumir las operadoras de agua en baja, las que se encargan de distribuir el recurso a todos los usuarios. Compañías concesionarias en la mayoría de los casos que debían pactar si trasladaban la subida de precio al usuario o lo asumían vía presupuestos. Todo ello, cuando faltaban escasas semanas para que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre la gestión de ATLL.

Anulación de la concesión de ATLL

Y la justicia actuó del modo que se esperaba. No aceptó a trámite ninguno de los recursos de casación que se le habían planteado, hecho que propició que se anulara el contrato que se mantenía desde 2012 con Acciona y que la Generalitat abriese un proceso para ver cómo aplicaba la sentencia. El final de la llamada guerra del agua en Cataluña.

La decisión que se ha tomado este martes enmienda esta decisión. Y lo hace con carácter retroactivo. Entrará en vigor desde el pasado 1 de enero, cuestión clave para resolver los conflictos paralelos que había generado el incremento de tarifa de ATLL.

Área metropolitana

Principalmente en el Área Metropolitana de Barcelona. El Gobierno de Ada Colau mantiene un pulso con la operadora del servicio en baja, Aguas de Barcelona (empresa mixta), y decidió de forma unilateral que no reflejaría este incremento en la factura final del usuario. Tras la polémica por la inseguridad jurídica que provocaba este mandato, se optó por decretar que la empresa mixta tampoco debía asumir este incremento.

Confiaba que el ACA resolviera la situación, como finalmente ha ocurrido. Ahora, sólo queda que el próximo Consejo de Ministros ratifique la decisión. Así lo debe hacer desde que está en vigor el artículo 155, aunque no se esperan sorpresas en este sentido.