El taxi calienta el conflicto y publica las 120 matrículas de Uber en Barcelona

El taxi calienta el conflicto y publica las 120 matrículas de los vehículos que utiliza Uber en Barcelona. Un grupo de conductores sin identificar está difundiendo las 120 placas identificativas de los coches que utiliza la plataforma tecnológica en la Ciudad Condal, donde empezó a operar ayer, martes 13 de marzo, con absoluta normalidad.

Bajo el epígrafe "The Reference: Game Uber", los taxistas están haciendo circular un documento PDF que identifica a los automóviles de la aplicación. El documento recuerda que es Tibus SA, una empresa vinculada a Alsa, la que ha proporcionado "autorizaciones de nueva adquisición" a la intermediaria. "Este registro se irá actualizando a medida que se encuentren cambios de vehículos, o incremento de autorizaciones", detalla. 

Entrada tranquila

El regreso de Uber a Barcelona con el servicio UberX, que arrancó ayer, se produjo entre "absoluta normalidad", según han informado fuentes del sector. Pese a las amenazas de parte del sector del taxi, que la patronal Unauto valorará llevar a la fiscalía, los 120 automóviles de la tecnológica con sede central en San Francisco (Estados Unidos) empezaron a prestar servicios de movilidad sin incidencias de calado.

Los expertos en economía colaborativa han recalcado que la vuelta de la multinacional a la capital catalana "se ajusta a ley", pues opera con licencias de alquiler de vehículos con conductor (VTC), que permiten efectuar servicios de transporte para grupos de menos de nueve personas. Lo que es más, el bloqueo de estas autorizaciones por parte del Gobierno en 2015 está recurrido ante el Tribunal Supremo por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por frenar la libre competencia.

Discrepan

Estos argumentos no convencen al sector del taxi. Tanto Élite Taxi como Stac, las principales agrupaciones del sector, han denunciado que el uso de VTC supone "intrusismo" de Uber en el sector del transporte. Afean que la empresa "no use conductores profesionales" y cargan contra la política salarial y tributaria de la multinacional.

Esas demandas han encontrado eco en el espacio político de los comunes. Desde el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el gobierno supramunicipal aprobó el pasado 28 de febrero una resolución que impone restricciones previas a la explotación de permisos VTC. Ayer mismo, la concejal de Movilidad de Barcelona, Mercedes Vidal, subrayó la necesidad de "regular" los servicios de transporte. Las fuentes consultadas, no obstante, advierten de que el documento podría no llegar a aprobarse, al excederse la AMB de sus competencias.