El Gobierno descarta impulsar la ilegalización de los partidos independentistas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha descartado que desde el Gobierno se vaya a impulsar ningún proceso de ilegalización de partidos independentistas, poniendo en valor que "la grandeza de la democracia" es que da cabida a este tipo de formaciones "siempre que sea respetando las normas de convivencia".

Tras asegurar que la normalidad política se ha recuperado en Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha dicho que lo que ha quedado claro es que "se ha producido un intento de unos pocos de arrebatar a la mayoría la certeza que da el Estado de derecho para dejarla a la intemperie de la arbitrariedad".

Y todo ello, según ha dicho, "vulnerando la Constitución, el Estatuto de autonomía, desobedeciendo al Tribunal Constitucional e incumpliendo las sentencias de los tribunales".

La pérdida e empresas

Para Catalá, "el peor negativo de la foto actual es que se han ido 2.700 empresas de Cataluña y han caído las ventas, el negocio hotelero y las inversiones".

"No será fácil que vuelvan las empresas, sobre todo si algunos siguen con discursos tóxicos de equidistancia populista sólo reconocidos por la ultraderecha xenófoba europea", ha añadido.

El sistema judicial 

Catalá, que participaba en un coloquio del diario La Tribuna en Toledo, en ha abogado por dotar de mayor transparencia algunos mecanismos de la judicatura en España que pasen por "romper vínculos" con la política de cara a "mejorar la percepción de independencia" que la sociedad tiene del sistema.

Por eso ha propuesto dotar de "mayor transparencia" el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, así como "regular el trasvase de personas que puedan pasar de la judicatura a la política".

Independencia fiscal

"Hoy los parlamentos autonómicos designan con una cuota a un magistrado. Ese sistema pudo tener sentido en el inicio de la democracia, pero no es necesario hoy", ha puesto como ejemplo.

En este sentido, ha defendido reformas en los estatutos que regulan el ministerio fiscal para que "pueda tener más autonomía y capacidad de decisión respecto al poder ejecutivo", reformas que están en la agenda del Gobierno.