Accionistas del Popular se sienten perjudicados por la estrategia de defensa de Cremades

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) se lanzó en tromba contra la intervención del Banco Popular que hizo perder cuantiosas inversiones. Agrupados, y defendidos por el bufete Cremades y Calvo Sotelo, iniciaron una estrategia jurídica basada en reclamar ante la justicia el quebranto que habían sufrido.

Poco después de agruparse y de presentar una querella conjunta, que firman 1.007 inversores, una parte importante de ellos ha decidido que la estrategia de sus abogados no es la correcta y estudian qué acciones llevan a cabo para resituar el contencioso que dio lugar a que el Banco Central Europeo (BCE) se hiciera con el control del grupo bancario, hoy en manos del Santander. Se quejan de una supuesta amistad entre el abogado que dirige sus reclamaciones y el banquero a quien todos señalan como responsable del desastre financiero.

Varias decenas de pequeños accionistas han iniciado un peregrinaje por diferentes bufetes madrileños con el objeto de buscar un nuevo asesoramiento. Se quejan, fundamentalmente, de que el despacho que lidera Javier Cremades, a la sazón presidente de la Aemec, ha dejado fuera de sus reclamaciones al que fuera presidente del banco hasta unas semanas antes de su desastre, Ángel Ron. Cremades ha dirigido toda su artillería legal contra Emilio Saracho, que actuó como presidente de circunstancias durante unos 100 días, los previos a la intervención. “O es por amistad –critican– o por intereses inconfesables”.

¿Irresponsabilidad u otras razones?

“Es una irresponsabilidad de Cremades”, explican molestos y sospechosos de una extraña estrategia que exonera a Ron, actuación que atribuyen a una amistad personal entre el letrado y el banquero. Abona sus tesis que de las 28 denuncias y querellas admitidas por el Juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional sólo la de Aemec se dirige de forma exclusiva a dilucidar las responsabilidades de Saracho. El resto de las demandas y querellas incluyen a Ron y a todos aquellos que le acompañaban en el consejo de administración.

Una de las medidas cuestionadas por los accionistas críticos es que en 2016 el entonces presidente, Ángel Ron, lanzó una ampliación de capital de 2.500 millones de euros que fueron suscritos por muchos nuevos accionistas y que, unos meses más tarde, se había diluido como un azucarillo. “¿Por qué todo el mundo demanda a Ron y Saracho y nosotros sólo a Saracho?”, se preguntan esos accionistas.

Causas separadas

El juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional, que instruye las reclamaciones, ha separado en dos causas las querellas de los afectados por la quiebra del Popular. Una es referente a todo lo sucedido con la citada ampliación de capital de 2016 y otra, todavía más compleja, investiga las actuaciones para desprestigiar al banco y hundir su cotización en las semanas previas a su intervención.