Más lío en el AVE: la justicia 'tumba' el recorte de empleo

Más lío a bordo del AVE. La Audiencia Nacional (AN) ha tumbado el recorte temporal de empleo que afecta a 700 trabajadores de servicios y logística de la red de gran velocidad. El tribunal ha dictaminado que la medida, que arrancó el 1 de abril, fue una represalia por la convocatoria de huelga por el convenio colectivo y que "lesiona derechos fundamentales" del personal.

Según ha informado la comisión negociadora, que componen UGT, CCOO, CGT, Sindicato Ferroviario y USO, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado inválido el expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que la concesionaria Ferrovial Servicios SA anunció poco después de que comenzaran las protestas.

La sala aprecia además "lesiones de derechos fundamentales" de la parte social, concretamente de los derechos de libertad sindical y huelga de los trabajadores, dos artículos recogidos en la Constitución Española.

Pagar a los afectados

Con este razonamiento, la AN concluye que la contrata de Renfe debe "restituir el disfrute de jornada completa de los trabajadores afectados y al abono económico a los mismos de las reducciones salariales y de conceptos extrasalariales" que dejaron de percibir por la medida.

No obstante, la filial del grupo constructor de Rafael del Pino puede aún presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Con esta medida salvaría el ERTE, inicialmente pensado para durar hasta el 31 de marzo de 2019.

Cabe recordar que la empresa siempre ha defendido que el recorte temporal de jornada, salarios y puestos responde a la "diferencia" entre las horas reales trabajadas y las cobradas por parte del personal de a bordo del AVE.

Protestas

Cabe recordar que el mazazo a Ferrovial llega en pleno debate de la parte social sobre cuál debe ser la respuesta del personal a la última propuesta de la contrata sobre el convenio colectivo.

Los sindicatos están celebrando una ronda de asambleas en centros de trabajo de toda España, mientras que la firma, con el apoyo de Renfe, busca imponer su solución mediante votación.