Colau ficha a un imputado para gestionar el agua de Barcelona

El consejo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) deberá ratificar este martes un relevo en el personal directivo del órgano supramunicipal. La presidenta, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, propondrá que Joaquim Oliveras asuma la dirección de Servicios del Ciclo de Agua a partir del próximo 13 de marzo tras la renuncia de Llorenç Alerm, cuyo estado de salud ha propiciado que la Administración le destituya del cargo. No hace mención al caso de corrupción en el que presuntamente está implicado.  

Oliveras ha sido propuesto pese a su condición de investigado (antes, imputado) en un proceso del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. El tribunal gallego le implicó el pasado 20 de febrero en el denominado caso Pasteleo, una pieza de investigación sobre la presunta corrupción que giraba alrededor del Consejo Comarcal de La Selva durante el mandato de Ramon Fauria (CiU) que también alcanza al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Tiene en el foco a la empresa GRS Arc Local. Se instruye en Lugo como pieza separada del macrocaso Pokémon.

Contratación irregular

Según la instrucción, esta compañía obtuvo de forma continuada varios contratos con la administración de la comarca catalana de La Selva de forma irregular. Estableció para ello una trama presuntamente corrupta que implicaba a varios funcionarios del consejo comarcal.

En el centro se encuentra el matrimonio formado por Josep Maria Franch, socio de GRS Arc Local y marido de Olvido Piñero, a su vez jefa del área de Gestión Tributaria de la administración comarcal y que ejerce como recaudadora de consejo comarcal. La justicia tiene evidencias de que el entramado de relaciones que ambos establecieron favoreció a la compañía durante años en los procesos de contratación pública.

Servicio tributario de La Selva

La vinculación irregular era tal que GRS consiguió que alguno de sus directivos actuara como asesor externo para el pliego de condiciones de una licitación pública en la que participaba la empresa. Entre ellos, el concurso abierto para buscar a un técnico para el servicio de Gestión Tributaria, Inspección Tributaria y Catastral del Consejo Comarcal de La Selva que se convocó en febrero de 2011. Oliveras ha resultado investigado a raíz de esta licitación.

El tribunal de lo contencioso-administrativo número 2 de Girona anuló en septiembre de 2010 el contrato vigente desde 2006. Quedó probado en el juicio que GRS había accedido al pliego de condiciones antes de que se convocara oficialmente el concurso público. La compañía se encargaba desde hacía 17 años del servicio y se aseguró mantenerlo mediante la proximidad de los directivos del grupo y la administración comarcal.

Nuevo proceso irregular en 2011

Repitió el proceso irregular en la licitación que la justicia obligó a abrir en 2011. Las pesquisas iniciadas en Lugo indican que la “dirección de la empresa GRS Arc Local tuvo en todo momento información privilegiada sobre los hechos, los condicionantes y requerimientos que determinarían las bases del concurso”. Así consta en el auto al que ha tenido acceso Crónica Global.

Josep Maria Franch y Alex Ros, socios de la empresa, “presuntamente, supervisaron y modificaron de forma interesada los datos de al menos uno de los informes que el comité de expertos tenía que remitir a la mesa de contratación, con base en los cuales ésta habría de decidir la adjudicación del contrato”.

Oliveras, cómplice de los delitos

Franch reconoció que Oliveras le había acompañado a “alguna reunión en el Consejo Comarcal de La Selva” y que “antes de su aprobación oficial, conocía los pliegos del concurso”. Les “hacía comentarios” e “indicó ciertos puntos a tener en cuenta respecto del comité de expertos”, afirma el juez en su acto.

El tribunal entiende que presuntamente habría participado en calidad de cómplice en los delitos contra la Administración pública producidos en la contratación del servicio por parte de GRS.

Derivada en Sabadell

Esta compañía también consiguió contratos en el Ayuntamiento de Sabadell. Repitió el proceso presuntamente corrupto de obtener el favor de altos directivos de la Administración pública. En este caso, de la jefa del área de Gestión Tributaria, Esther Eri, uno de los miembros del comité de expertos que valoró el contrato del Consejo Comarcal de La Selva.

“Le remitió previamente su informe a Alex Ros para que éste pudiese ‘corregir y mejorar aquello que le parezca oportuno’ lo que este hizo ‘después de realizar algunas correcciones’”, indica el auto del tribunal gallego. También la considera cómplice del delito contra la Administración.

Organigrama del Área Metropolitana

Oliveras se incorporaría, si así lo decide el consejo del Área Metropolitana de Barcelona, como máximo responsable de un departamento controlado por BComú. La dirección de servicios de Ciclo del Agua está integrada en el área de Medio Ambiente, liderada por Joan Pinyol. A su vez, depende de la vicepresidencia encabezada por Eloi Badia. El activista a través de la plataforma Agua es Vida es asimismo concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona.