Nuevo varapalo a la consultora KPMG por su dictamen sobre las ‘tarjetas black’

Vuelven a sacar los colores a la consultora KPMG, ahora por su dictamen sobre las denominadas tarjetas opacas o black. Su informe pericial demostraría, presuntamente, que éstas contaban con soporte legal. El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que se trata de una "seudopericia que no habilita a su autor a ilustrar a la sala sobre cuestiones jurídicas" que ya se deberían conocer.

KPMG centró la polémica anteriormente en el Caso ATLL, ya que su informe sobre el agua negaba las investigaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que denunciaban supuestas irregularidades entre ATLL y Acciona y que habrían supuesto un aumento de la tarifa del próximo año.

Luzón, por otra parte, ha justificado la divulgación de correos electrónicos que contenía información privada de usuarios de las black de Caja Madrid y Bankia por las sospechas fundadas de que estos habían cometido irregularidades.

Los correos electrónicos son de la caja

Para el fiscal, la investigación liderada por Bankia, heredera del negocio de Caja Madrid, estaba justificada en cuanto la entidad había recibido “una importante inyección de ayudas públicas”. La incorporación de estos correos, tras la denuncia del FROB y el Ministerio Fiscal, no afecta al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, sino que se limita "a la salvaguarda de intereses constitucionales".

Los correos internos, a fin de cuentas, son propiedad de la caja, en este caso Caja Madrid, y no tienen “carácter íntimo”.

Bankia, perjudicada

El fiscal, durante la segunda sesión del juicio, ha dicho que las defensas de los 65 acusados “han intentado sacar agua de las rocas, pero la poca que hay no es potable”. Luzón, asimismo, ha opinado que los españoles han pagado “el funeral de Caja Madrid a través del FROB”, donde están representados “todos los ciudadanos”.

Tampoco es posible desgajar los gastos de Caja Madrid de los de Bankia –que asumió el negocio bancario sin conocimiento del funcionamiento interno, y en cuyo seno volvieron a reproducirse estas conductas, ya bajo la presidencia de Rodrigo Rato—, ya que fue ésta la que satisfizo muchos de los gastos procedentes de la extinta caja. Así, Bankia fue perjudicada por las tarjetas black, razón por la que instó a todos los usuarios a que restituyeran las cantidades al banco.

En cuanto a la petición de varias de las defensas sobre la prescripción de los delitos, “está más claro de lo que parece”, ha asegurado, ya que tal y como está redactada la acusación el plazo de prescripción es de diez años y no de cinco.